COOPERATIVISMO CONSUMO

JORNADA DERECHO COOPERATIVO. Buenos Aires. COOPERAR 18/09/2013

LAS COOPERATIVAS Y LOS DERECHOS
DE LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES

Por el Doctor Héctor Polino

DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Corría el año de 1962, un 15 de Marzo, cuando el entonces presidente de los
Estados Unidos John F. Kennedy, dijo en el Congreso: “Por definición,
consumidores nos incluye a todos; ellos son el mayor grupo económico que
afecta y es afectado por casi toda decisión pública y privada…”.
A partir del año 1983, en conmemoración al discurso del mencionado
presidente, cada 15 de Marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del
Consumidor. En 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidad adoptó las
“directrices para la protección de los Consumidores”, y dan un marco para
favorecer las políticas nacionales orientadas a esa protección.
Luego de varias definiciones y redefiniciones, se alcanzó el desarrollo de ocho
puntos fundamentales del consumidor:
1. A la satisfacción de las necesidades básicas: tener acceso a productos y
servicios esenciales y básicos: alimentación adecuada, vestimenta, vivienda,
servicios de salud, educación y sanidad.
2. A la salud y a la seguridad: tener protección contra productos, procesos de
producción y servicios dañinos a la salud o a la vida.
3. A estar informado: recibir la información necesaria para tomar una decisión
acertada y ser protegido contra la publicidad engañosa y el etiquetado
deshonesto o engañoso.
4. A la libre elección: tener la posibilidad de poder elegir desde una gama de
productos y servicios, ofrecidos a precios competitivos, con garantía de calidad
satisfactoria.
5. A asociarse y ser escuchado: representar los intereses de los consumidores
en el diseño e implementación de políticas gubernamentales, y en el desarrollo
de productos y servicios. 3

6. A la reparación: recibir una resolución justa por los reclamos justificados,
incluyendo compensación por mala representación, productos de mala calidad
o servicios insatisfactorios.
7. A la educación del consumidor: adquirir el conocimiento y las habilidades
necesarias para tomar decisiones certeras sobre productos y servicios, y al
tiempo estar consciente de los derechos y responsabilidades básicas de los
consumidores y como ejercerlas.
8. A un medio ambiente sano: vivir y trabajar en un ambiente que no amenace
el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y
CONSUMIDORES

La Reforma Constitucional de 1994 consagró de manera definitiva el
reconocimiento postergado de los derechos de usuarios y consumidores en nuestro
país.
Previo al reconocimiento constitucional que se encuentra plasmado
centralmente en el artículo 42, con fecha 22 de septiembre de 1993, y tras un dilatado
trámite parlamentario, el Congreso de la Nación sancionó la ley 24.240, de
defensa del consumidor.
Lamentablemente, esta norma fue parcialmente promulgada por el Poder
Ejecutivo en el mes de octubre de 1993, mediante el Decreto 2089/93, con múltiples
mutilaciones de institutos claves para salvaguardar los derechos de los
usuarios y consumidores en la relación de consumo.
Seguidamente tuvo lugar, un lento proceso de “reparación legislativa” y
reintegro de las instituciones eliminadas por el Poder Ejecutivo, a través de la sanción
de las leyes 24.568, 24.787 y 24.999.
De este modo se intentó reconstruir el contenido de una ley que resguarda los
derechos básicos del consumidor siguiendo los lineamientos aportados por las
“Directivas para la Protección del Consumidor”, de la Asamblea General de las
Naciones Unidas N° 39/248 de 1985 y las Resoluciones del Consejo Económico y
Social de 1988 y 1990.
Juntamente con la Ley 24.240, las leyes 22.802 de Lealtad Comercial, 25.156
de Defensa de la Competencia y 25.065 de Tarjetas de Crédito, conforman la base 4

del sistema especial de protección jurídica de usuarios y consumidores en nuestra
legislación.
Consecuentes con la idea de consolidar y mejorar el esquema protectorio
instaurado por la ley 24.240, en el mes de abril 1998 se constituyó la “Comisión de
Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación”, la cual integré
desde sus comienzos en carácter de Secretario y como Vicepresidente en el período
2001/2005. Dicha comisión, surgió de un proyecto de mi autoría, y de otra iniciativa
del diputado Martínez Garbino.
La trascendencia que la temática de los “derechos del consumidor” ha
adquirido en los últimos años, impulsó la sanción de una nueva variedad de leyes que
complementan la norma base, es decir, la Ley 24.240 y otras que ayudan en forma
indirecta a la protección de estos derechos como por ejemplo: la Ley 24.754 que
ordena a las empresas de medicina prepagas a cumplir como mínimo con el PMO
(Programa Médico Obligatorio); Ley 24.806 de enseñanza privada; Ley 25.326 de
protección de datos personales; Ley 25.506 de firma digital; Ley 25.542 que fija un
precio uniforme de venta de los libros; Ley 25.561 de emergencia pública y de reforma
del régimen cambiario; Ley 25.798 de refinanciación hipotecaria, Ley 26.682 que
establece un marco regulatorio de la medicina prepaga. Entre las que establecen el
marco de funcionamiento de los servicios públicos podemos referenciar la Ley 24.065
que establece el régimen de energía eléctrica y la Ley 24.076 de regulación del
transporte y distribución de gas natural.
La rica experiencia adquirida a lo largo de mi función como legislador, y como
miembro de la Asociación “Consumidores Libres Cooperativa Limitada de
Provisión de Servicios de Acción Comunitaria”, me permite reflexionar en el
sentido de que hemos avanzado ostensiblemente en la concientización social
sobre la trascendencia de estos nuevos derechos y en la implementación de
mecanismos eficaces para la resolución de conflictos. Pero aún queda un
extenso camino por recorrer, para que el fundamentalismo de los mercados no mutile
los derechos más elementales reconocidos por el plexo normativo protectorio de
usuarios y consumidores. Estamos en el buen camino, pero hace falta además,
reestructurar a fondo los organismos del Estado y los Entes Reguladores y de
Control para ponerlos al servicio de la sociedad argentina, de los usuarios y
consumidores de bienes y servicios.

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FUNCIÓN SOCIAL DEL COOPERATIVISMO

El cooperativismo encarna una nueva concepción del hombre ante la vida,
que basa su accionar en la práctica de la solidaridad, del esfuerzo propio y la ayuda
mutua, en medio de una sociedad en la que existen amplios sectores que practican el
individualismo más acentuado, el materialismo más descarnado, la especulación más
vergonzosa.
En las entidades solidarias, las personas se reúnen no para enriquecerse,
sino para proveerse de bienes y prestar servicios en las mejores condiciones posibles,
al precio justo, con eficiencia, con recursos financieros propios, llevando a cabo una
práctica perfectible de la democracia económica y social, a través de la autogestión.

El cooperativismo es un gran ideal realizable todos los días, que aspira a la
construcción de una sociedad con rostro humano, realizada por muchos que tienen
poco, imbuidos de espíritu solidario, para reafirmar las aspiraciones más elevadas
de una vida mejor.
La cooperación hace del individuo un hombre y de la unión de los
hombres una verdadera sociedad.
Pero el cooperativismo no es una panacea universal; tampoco un elixir
milagroso que por arte de encantamiento resuelve todos los problemas económicos y
sociales. Es un gran instrumento de transformación, de progreso, de cambio, que
debe ser utilizado con inteligencia y honestidad, por hombres y mujeres que aspiran a
vivir en una sociedad libre, guiada por la ciencia, que ponga el desarrollo tecnológico
al servicio del destino humano, preservando la naturaleza y el medio ambiente.
La República Argentina es pionera en el mundo, en el desarrollo del
cooperativismo de servicios públicos, llevando el agua potable, los desagües
cloacales, el gas, el pavimento, la electrificación urbana y rural y la telefonía a
numerosas localidades, en una acción complementaria y supletoria del Estado.
También las cooperativas surgieron en lugares donde los servicios públicos
eran prestados por empresas lucrativas que cometieron toda suerte de abusos,
aplicando tarifas leoninas y prestando un pésimo servicio.
En ambos casos, fueron factores de progreso social en manos de usuarios,
que organizaron los servicios sin fines de lucro, en función de sus propios intereses,
reinvirtiendo los excedentes en las zonas que los generaban, dando lugar a nuevos y 6

cada vez mejores emprendimientos: como servicios de sepelios, de ambulancia,
enfermería, fabricación de columnas de alumbrado, elaboración de productos lácteos,
etc…
Estas entidades no han iniciado juicios en tribunales extranjeros contra el
estado argentino, ni han producido sospechosos apagones para presionar por
aumentos de tarifas, como hicieron las empresas lucrativas de capital extranjero. Han
demostrado que la obligación de brindar un servicio con ajuste a los principios de
continuidad, regularidad, uniformidad, obligatoriedad, accesibilidad y universalidad
para los usuarios, prima sobre cualquier interés privado, particular y/o empresario de
carácter comercial.
Las empresas del Estado generalmente actuaron con ineficiencia y las
empresas comerciales no hicieron precisamente filantropía ni beneficencia
social, explotando muchas veces las necesidades básicas del usuario, actuando
como monopolios naturales o legales.
La empresa cooperativa en cambio, tiene las ventajas de las empresas del
Estado y de las empresas comerciales, y ninguna de sus desventajas,
procurando satisfacer las necesidades de los consumidores.
Tiene las ventajas de las empresas del Estado: el bien común y el interés
general, y de las empresas comerciales: la posibilidad de que sus integrantes
apliquen toda su capacidad, su imaginación, su voluntad, sin ningún tipo de
restricciones.
No tiene las desventajas de las empresas del Estado: la burocratización y
la deshumanización; y de las empresas lucrativas: el egoísmo y el lucro.
La empresa cooperativa, coloca los capitales y el desarrollo tecnológico
al servicio del progreso humano y social.

LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES. NUEVA MILITANCIA SOCIAL

La democracia política para ser plena, debe además de integrarse a una
democracia económica y social, complementarse con un trabajo en el campo de
las ideas, los principios y los valores del cooperativismo. Para concretar tan
nobles ideales, las cooperativas, las mutualidades, las obras sociales, las entidades
defensoras de los derechos de los consumidores y usuarios, los movimientos
ecologistas, y el resto de las organizaciones no-gubernamentales, constituyen los 7

instrumentos adecuados de un auténtico proceso de cambio, de progreso, de
transformación de la sociedad.
El modelo neoliberal, generó un peligrosísimo fundamentalismo de mercado,
que se agravó en nuestro país por un Estado que no sólo fue resignando funciones
específicas, sino que se transformó en cómplice de los abusos de los grandes
grupos concentrados del poder económico y financiero.
Los procesos de privatizaciones de las empresas del Estado en el área de
los servicios públicos, dieron nacimiento a nuevos monopolios, en muchos casos
controlados por gobiernos de países extranjeros, que vienen actuando sin
competencia, con mercados cautivos, con altísimas tarifas, fuertes subsidios, escasas
inversiones y enormes ganancias.
En este marco, las asociaciones de defensa de los usuarios y
consumidores han ido emergiendo como las grandes protagonistas de un
nuevo fenómeno social.
Las entidades de defensa de los consumidores obligaron al Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE), a dictar la Resolución 292/99, estableciendo
por primera vez, una multa extraordinaria a la empresa EDESUR, por “el apagón del
siglo”, que dejó durante 11 días sin luz a 600 mil personas.
Por su parte, las cooperativas agrícolas transparentaron los mercados, y
garantizaron canales adecuados para la comercialización de su producción,
contribuyendo a la enorme generación de riqueza del campo argentino que permitió
incluso sortear lo más difícil de la crisis financiera desatada en el año 2002.
El cooperativismo en este sector, avanzó considerablemente llegando a
conformar una amplia base que abarca los distintos segmentos de la actividad
agropecuaria.
Puertos cooperativos, criaderos de semillas híbridas agroindustriales, etc.,
constituyen uno de los puntales de la estructura agropecuaria en el marco de un
impulso económico general.
La lucha actual de las entidades de defensa de los consumidores consiste
en reducir la enorme brecha que existe entre el precio que se le paga al
productor por la materia prima y el precio que abona el consumidor en las
góndolas de los supermercados por los productos elaborados.
En estos ejemplos y muchísimos otros que serían imposibles enumerar en
detalle es necesario reconocer al cooperativismo de vivienda; las cajas de crédito; los
bancos cooperativos; las entidades de consumo como la célebre Cooperativa Obrera 8

de Bahía Blanca, y la histórica cooperativa El Hogar Obrero, que finalizó el proceso
concursal comenzando a construir nuevamente viviendas sociales en la Provincia de
Buenos Aires.
En las cooperativas de consumo se pueden promover campañas de productos
ecológicos que establecen relaciones de compras directas con los productores de su
entorno, desarrollando prácticas de consumo responsable con impacto ambiental
positivo. Los productos además llegan a los consumidores al precio justo.
Un capítulo especial merecerían las cooperativas farmacéuticas, destacándose
el laboratorio FECOFAR, y la incorporación de sistemas semiautomáticos en los
procesos de expendio de productos a las farmacias asociadas, beneficiando a los
consumidores que pueden adquirir los medicamentos a menor precio que los
que entregan los laboratorios comerciales.
Las cooperativas de seguros que surgieron como la de Pigüé, Provincia de
Buenos Aires, para cubrir el riesgo de granizo porque las empresas comerciales se
negaban atender, y la cooperativa de seguros Río Uruguay que constituye un
ejemplo de trabajo solidario, que los usuarios reconocen y valoran.
Ante esta nueva realidad, sería importantísimo que el Congreso Nacional
acierte en el dictado de la norma legal que posibilite la participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios en los organismos de control,
conforme al artículo 42 de la Constitución Nacional.
Sería importantísimo que el Congreso avance en el dictado de la ley que regule
las Audiencias Públicas, como así también, en el dictado de normas jurídicas
referidas a la constitución de los Entes Reguladores, que deben ser independientes
de las empresas y de los gobiernos de turno, para defender únicamente a los usuarios
de la acción avasallante que llevan a cabo los monopolios legales o naturales.
Los marcos regulatorios de las empresas privatizadas que fueron
aprobados por decretos, deben ser necesariamente reelaboradas por el Congreso, y
sustituidos por la legislación respectiva que recepte los derechos de los
usuarios.
Este es el gran desafío que tenemos por delante. Esta es la nueva
MILITANCIA SOCIAL, en la lucha por la defensa de los nuevos derechos.
Hoy, más que nunca los consumidores, que como lo manifestó el Presidente
Kennedy “nos incluye a todos”, tenemos que participar mucho más intensamente
de la vida orgánica de las entidades cooperativas. Además es necesario estrechar
vínculos y realizar tareas en común, entre las cooperativas, y las entidades
defensoras de los derechos de los usuarios y consumidores, porque en definitiva 9

persiguen los mismos fines, practican los mismos valores, y tienen un objetivo común:
construir una sociedad mejor.
Por esas razones, hace 20 años un conjunto de mujeres y hombres fundamos
“Consumidores Libres, Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de
Acción Comunitaria”, que tiene como objeto social, la educación y la defensa de los
derechos del consumidor.
Como dato anecdótico, pero elocuente conviene señalar que Consumidores
Libres después de haber obtenido el reconocimiento en el INAES, inició el trámite
de inscripción en el Registro de Entidades de Defensa al Consumidor, que en aquella
época llevaba la Secretaría de Comercio, Agricultura e Industria de la Nación. La
directora de Asuntos Jurídicos de dicha secretaría, rechazó la inscripción por
tratarse de una cooperativa. En los fundamentos figuraba que las cooperativas son
entidades con fines comerciales. Tuvimos que recurrir a la justicia para que ordenara
a la Secretaría de Comercio, Agricultura e Industria la inscripción como entidad
cooperativa. La ignorancia de la funcionaria pública de entonces es preocupante,
y constituye un desafío para redoblar el esfuerzo en la educación cooperativa, el
cooperativismo escolar, y la radiodifusión cooperativa en la sociedad argentina