DEFENSA DEL CONSUMIDOR

EL ACTO COOPERATIVO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Dante Cracogna

Resumen: El acto cooperativo es la expresión más relevante de la naturaleza
de las cooperativas pues constituye la operación típica que realizan las
cooperativas con sus respectivos asociados para cumplir su objeto social. Por
su naturaleza, este acto excluye toda finalidad lucrativa pues consiste en la
prestación del servicio para el cual los consumidores o usuarios organizaron la
cooperativa. Siendo que los asociados reúnen simultáneamente la condición de
dueños y clientes de la cooperativa, no podría tener lugar entre asociado y
cooperativa la contraposición de intereses que caracteriza a la relación
consumidor/proveedor. Por lo tanto, carece de sentido la aplicación de la
legislación de protección del consumidor entre aquéllos, pues equivaldría a
pretender proteger a los usuarios de sí mismos, desconociendo la naturaleza
propia de la cooperativa.

1. Significado del acto cooperativo
Además de la existencia de un régimen legal propio, la principal y sustancial
nota definitoria de la singular naturaleza de las cooperativas está constituida
por el acto cooperativo que reconocen el art. 4° de la Ley 20.337 y numerosas
otras leyes latinoamericanas. El acto cooperativo constituye la particular
forma de actuación de las cooperativas para la realización de su objeto social
que consiste en la prestación de servicios a sus asociados.1

1
Sobre el acto cooperativo existe una extensa bibliografía. Puede consultarse, entre otros: Cracogna, Dante,
Estudios de Derecho Cooperativo, Intercoop, Buenos Aires, 1986, p. 13 y ss. y Pastorino, Roberto, Jorge,
Teoría general del acto cooperativo, Intercoop, Buenos Aires, 1993. Acerca del acto cooperativo en la
legislación latinoamericana: Cracogna, Dante, “O ato cooperativo na América Latina”, en Guilherme Krueger
(Coordenador), Ato cooperativo e seu adecuado tratamento tributário, Mandamentos Editora, Belo
Horizonte, 2004, p. 45 y ss. 3
Tal como lo tiene reconocido la jurisprudencia de los tribunales argentinos, el
acto cooperativo tiene lugar cuando la cooperativa brinda el servicio a sus
asociados, cualquiera sea la especie concreta que éste asuma, según fuera la
actividad de la cooperativa: comercialización de la producción2
; provisión de
artículos de consumo3
; construcción de viviendas4
; suministro de electricidad5
;
brindar ocupación6
; servicio de sepelio7
; provisión de crédito.8

En la cooperativa no existe contraposición de intereses entre ella y sus
asociados9
, toda vez que no es otra cosa que la expresión de los consumidores
organizados. No es diferente de éstos -ni podría serlo- puesto que los
consumidores asociados son los que le dan origen, los dueños de ella y los que
la gobiernan y gestionan para satisfacer sus propias necesidades repartiéndose
entre sí los excedentes que su operatoria pudiera generar en la misma
proporción en la que contribuyeron a formarlos.

2
SCJBA, “Coop. Agrícola Ganadera ‘La Defensa’ v. P.E. Demanda contencioso administrativa”, 09.09.80.
3
Primera Cám. Civ. y Com. Bahía Blanca, “Cooperativa Agropecuaria de Tres Arroyos c/ Colantonio, Américo
L.”, 15.09.77, con un lúcido voto del Dr . Adolfo Pliner, JA 1979-I-490.
4
CNACiv. y Com. Federal, Sala 2ª, “Stanislavsky, Ricardo y otro c/ Cooperativa Falucho de Vivienda Ltda.”,
29.12.88, con nota de Cracogna, Dante, “La recepción jurisprudencial del acto cooperativo”, Jurisprudencia
Argentina, boletín del 27.03. 91.
5
SCBA, “Cooperativa Limitada de Servicios Eléctricos de Pejuajó c/ Municipalidad de Pehuajó”, 30.09.97,
donde se trata ampliamente el tema, con nota de Tinant, Eduardo Luis, “¿Concesión administrativa versus
acto cooperativo?”, La Ley Buenos Aires, Año 5, Nº 6, Julio 1998, p.707 y ss.
6
CS, “Lago Castro, Andrés Manuel c/ Cooperativa Nueva Salvia Ltda. y otro”, con nota de Cracogna, Dante,
“Inexistencia de vínculo laboral en la cooperativa de trabajo: fallo esclarecedor de la Corte Suprema”, La Ley
2010-A-290.
7
Cám. Fed. Bahía Blanca, “Asoc. Sureña de Empresas de Pompas Fúnebres de la Prov. de Buenos Aies s/
apelación resolución Secretaría de Comercio”, 08.03.85, con nota de Cracogna, Dante, “ Ambito de
aplicación de la ley de defensa de la competencia”, Jurisprudencia Argentina, T 1985-III, p. 515 y ss.
8
CNACom, Sala F, “C., A. y otro c/ Servicios Especiales Coop. De Créd. Viv. Y Cons. Ya Ltda. s/ ordinario”,
16.06.11, con nota de Cracogna, Dante, “El acto cooperativo y la defensa del consumidor”, El Derecho,
boletín del 15.06.13.
9
Se emplea la palabra “asociado” que es la utilizada por las leyes de cooperativas de varios países de
América Latina, en tanto que en otros se emplea la voz “socio”. 4
De allí que la actividad de la cooperativa, tal como establece el art. 2°, Ley
20.337, sea “organizar y prestar servicios” sobre la base del esfuerzo propio y
la ayuda mutua de sus asociados. Ellos buscan resolver sus diversas
necesidades organizándose cooperativamente y por ende son los que deciden
cómo ha de proceder la cooperativa en sus actividades a cuyo efecto participan
en sus decisiones con igualdad de voto (un asociado, un voto). De forma tal
que los asociados no sólo son los destinatarios de los servicios de la
cooperativa sino que son los protagonistas de su gestión sobre una base
estrictamente democrática, sin tomar en cuenta los aportes de capital que cada
uno haya realizado.
Cuando la cooperativa presta el servicio a sus asociados realiza un acto
cooperativo, y no propiamente un contrato de compraventa de mercadería o de
locación de servicios o de seguro o de mutuo, según sea la clase de
cooperativa en cuestión. En todo caso, se trata de actos tendientes a la
obtención del servicio de la cooperativa por parte de los asociados, con lo cual
la figura contractual respectiva queda subsumida en el acto cooperativo y los
caracteres de aquélla sólo subsidiariamente resultan aplicables.
Cabe recordar que en el acto de comercio, a diferencia de lo que sucede en el
acto cooperativo, el propósito de lucro es esencial. El comerciante cumple
mejor su objetivo cuanto más lucro es capaz de obtener; por lo tanto, adquirir
una mercadería o servicio al más bajo precio posible y enajenarla al precio
más elevado a fin de lograr el mayor lucro constituye el desideratum del acto
de comercio. No puede ser, pues, más evidente la contraposición de intereses
entre el proveedor y el consumidor o usuario toda vez que éste tratará siempre
de obtener la mercadería o el servicio al menor precio posible.
De manera que al no existir contraposición interna de intereses, el acto
cooperativo expresa la naturaleza específica de la relación entre la cooperativa
y sus asociados, al contrario de lo que ocurre en la actividad comercial
corriente donde la regla es la oposición de intereses entre proveedor y 5
consumidor, lo cual fundamenta la legislación de defensa del consumidor
orientada a la protección de la parte más débil en esa relación.10

El reconocimiento del acto cooperativo significa que para caracterizar la
relación de las cooperativas con sus asociados –y, consiguientemente, para
resolver los conflictos de ella derivados- deben aplicarse las normas
específicamente cooperativas, es decir la Ley de Cooperativas, el estatuto y
los principios del Derecho Cooperativo, y sólo subsidiariamente las normas
que rigen a los institutos jurídicos afines o de los cuales adopta su forma.11

2. El origen de las cooperativas
Resulta redundante recordar que las primeras cooperativas del mundo en el
sentido actual del término fueron las cooperativas de consumo, cuyo
paradigma lo constituye la Cooperativa de Rochdale universalmente
reconocida como la más antigua y genuina manifestación del cooperativismo
con sus rasgos propios y definitorios.12

Estas experiencias consistían en la organización de los trabajadores de la
industria en su condición de consumidores para que su menguada capacidad
de compra individual se potenciara mediante la concentración mejorando de
esa manera las condiciones de aprovisionamiento del conjunto. En suma, se
trataba de organizar la demanda dispersa; era un movimiento de consumidores
que pugnaban por mejorar su precaria situación. En una época de auge del
desarrollo del capitalismo industrial no resulta extraño que los trabajadores
trataran de superar sus dramáticas limitaciones económicas mediante la
valorización de sus ingresos aumentando su poder de compra pues el intento
de mejorar su condición logrando el incremente de sus magros salarios
tropezaba con la sobreabundancia de mano de obra y la férrea restricción a

10
De Angel, Yaguez, Ricardo, “La posición del consumidor y el ejercicio de sus derechos”, en Estudios sobre
el derecho del consumo, Iberdrola, Bilbao, 1991, p. 52 y ss, cit por Stiglitz, Gabriel A. y Stiglitz, Rubén S.,
Derecho y defensa del consumidor, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1994, p. 21.
11
Cfr. Cracogna, Dante, “Conflictos societarios en las cooperativas”, La Ley Gran Cuyo, mayo 2006, p. 503.
12
Mladenatz, Gromoslav, Historia de las doctrinas cooperativas, trad. C. Tumino, Intercoop, Buenos Aires,
1969, p. 63 y ss. 6
toda clase de reclamo laboral. Por cierto, aun más remota se hallaba la
posibilidad de acceder a la actividad productiva puesto que las máquinas –
motor del desarrollo industrial- estaban totalmente fuera de su alcance, tanto
que muchos consideraban que el único trato posible con ellas consistía en
destruirlas para que no bajaran aun más los salarios o, peor aun, cundiera la
desocupación.13

Más allá del experimento rochdaleano, la expansión cooperativa resultó
asombrosa no sólo geográficamente sino también en diferentes sectores de la
actividad económica que adoptaron sus principios para organizase. Así
sucedió que en forma contemporánea surgieron cooperativas de crédito y de
comercialización agrícola promovidas por Schultze-Delitsch y Raiffaisen en
Alemania; cooperativas de trabajo en Francia, inspiradas por Bouchez y Blanc
y otras en diferentes países. En estos casos, no se trataba ya de consumidores
de mercaderías sino de usuarios de distintos servicios que buscaban
procurárselos mediante la misma fórmula cooperativa de la asociación para la
autoayuda y la solidaridad. Vale decir que la herramienta cooperativa se fue
advirtiendo útil y apropiada para resolver distintas necesidades, tanto de los
consumidores como de los usuarios.
El desarrollo posterior resultó en una significativa afirmación del
cooperativismo de consumo asentado no ya en la búsqueda de progreso del
proletariado industrial sino en el designio de lograr el mejoramiento de la
situación de los consumidores en general; es decir de toda la población, puesto
que la condición de consumidor reviste carácter universal.14
Por ende, el
cooperativismo se expandió sin fronteras.
3. La protección estatal del consumidor

13
Cfr. Mantoux, Paul, The Industrial Revolution in the Eighteenth Century, Jonathan Cape, London, 1961, p.
99 y ss, donde se realiza una vívida descripción de las condiciones laborales de la época.
14
El título de la célebre conferencia pronunciada por el eminente economista Charles Gide en Lausana en
1938 -“El reino de consumidor”- es cabalmente revelador de esta tendencia. Por otra parte, los estudios
teóricos estuvieron fundamentalmente dedicados a las cooperativas de consumo, siendo el mencionado Ch.
Gide uno de sus principales exponentes (cfr. El cooperativismo, Intercoop, Buenos Aires, 1974, passim). 7
En época más reciente, y en forma paralela a la defensa del interés de los
consumidores que las cooperativas venían realizando, fue emergiendo una
cierta conciencia política acerca de la importancia de esta cuestión que llevó
en forma paulatina pero sostenida a la sanción de medidas legislativas y
administrativas de carácter protectorio de los consumidores. Vale decir que no
se trataba ya de la organización de los propios consumidores para procurar su
autodefensa y promoción sino de iniciativas estatales orientadas a brindarles
protección, incluso sin contar con su propia voluntad sino como una política
de interés público impuesta por vía compulsiva.15

Esta nueva tendencia se materializó inicialmente en los países de mayor
desarrollo económico donde la concentración empresaria dejaba a los
consumidores con un mayor grado de exposición a posibles abusos16
y se
manifestó por medio de leyes de protección similares a las que el derecho del
trabajo había consagrado anteriormente en defensa de los trabajadores,
expresadas ahora en el principio pro consumidor. De esta suerte, aun con
independencia de la voluntad de los consumidores, el Estado vino a consagrar
su protección.
La nueva corriente implicaba en los hechos sustituir el empeño de los propios
consumidores por la acción estatal. Es verdad que, especialmente en las
sociedades modernas y complejas, los consumidores no suelen tener
conciencia de que ellos mismos pueden contribuir a solucionar sus problemas

15
En algunos casos, la defensa del consumidor llega a estar consagrada en las propias constituciones
nacionales, como sucede en la Constitución Argentina con la reforma de 1994: “Los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato
equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el
consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los
monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos de competencia
nacional, y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. La legislación establecerá
procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los
servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de
consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control” (art. 42).
16
De allí que inicialmente las medidas de protección del consumidor estuvieran ligadas a la legislación
antimonopólica. 8
mediante su organización.17
En general, están más preocupados por atender
otros problemas, incluido el de producir mayores ingresos para poder
consumir más. Y también es cierto que en muchos casos no tienen deseo ni
tesón suficientes para encarar por sí mismos esa tarea prefiriendo abandonarse
a los excesos de quienes los explotan o confiar en que sean terceros –
particularmente el Estado- quienes se ocupen de su protección.
Es el Estado, entonces, quien, por medio de la legislación impone la tutela del
consumidor estableciendo medidas orientadas a ese propósito y encargando su
aplicación a organismos y funcionarios designados al efecto, además de
tribunales especiales o de directivas dirigidas a los jueces ordinarios para que
las hagan efectivas. Incluso, ante la falta de iniciativa de los particulares, la
legislación promueve la creación de asociaciones y organizaciones de
consumidores destinando recursos para solventarlas y estableciendo
organismos públicos para apoyarlas y, eventualmente, controlarlas. En suma,
el Estado deviene sustituto de los consumidores y los funcionarios públicos
asumen vicariamente su protección. Hasta llegan a existir movimientos de
consumidores que son el producto de la acción estatal, formados por
organizaciones sostenidas con fondos públicos.
4. Las cooperativas y la defensa del consumidor
Las circunstancias señaladas determinan claramente la incongruencia de
pretender aplicar la legislación de defensa del consumidor a las cooperativas
ya que en ellas no tiene lugar el presupuesto básico que motiva dicha
legislación: proteger al consumidor de los excesos en que puede incurrir el
proveedor en la búsqueda de su mayor beneficio, lucro o ganancia. Al no tener
lugar ese presupuesto deviene inaplicable dicha legislación. En efecto, ¿de

17
Es del caso recordar la famosa reflexión del Presidente Kennedy en su mensaje del 15 de marzo de de
1962 al Congreso cuando señalaba que los consumidores son los más débiles a pesar de tener
potencialmente todo el poder. 9
quien se protegería al asociado que es a la vez dueño, gestor y usuario de los
servicios de la cooperativa? ¿Acaso de sí mismo?18

Por tanto, las disposiciones específicas de defensa del consumidor, es decir las
que tienen el objetivo de defenderlo o protegerlo de su contraparte más fuerte
en la relación de consumo, resultan extrañas al ámbito cooperativo, en cuanto
se trate de relaciones entre la cooperativa y sus asociados.19

La cooperativa no tiene el carácter de un proveedor de bienes o servicios
enfrentado con el asociado para lucrar a sus expensas, como sucede en la
actividad comercial corriente. En la cooperativa, los asociados se reúnen para
adquirir en común bienes o procurarse servicios que van utilizando a medida
que los necesitan; la cooperativa actúa como una despensa o almacén común
de los asociados del cual se van abasteciendo conforme con sus particulares
requerimientos.20
Lejos se encuentra esta situación, pues, de la de un
proveedor común que compra para revender a los consumidores lucrando con
la diferencia entre el costo y el precio de venta. Si en la cooperativa llegara a
existir una diferencia entre el costo y el precio que los asociados abonan por
los bienes, entonces se les reembolsará dicha diferencia por vía del retorno
proporcional a las adquisiciones realizadas por cada uno.21

La asimilación de la situación de los asociados de la cooperativa a la de los
consumidores enfrentados con los proveedores es una ligereza que proviene de
ignorar la peculiar naturaleza de las cooperativas; también puede ser una

18
Así, por ejemplo, el art. 3º de la ley argentina de defensa del consumidor Nº 24.240 reza: “Relación de
consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario”. Es obvio que si proveedor y
usuario son una misma persona –como sucede en el caso de la cooperativa- no existe relación de consumo.
19
Diferente es la situación cuando los servicios de la cooperativa son prestados a terceros no asociados,
puesto que en tales casos no opera el principio de identidad ya que se trata de sujetos distintos que no se
vinculan mediante un acto cooperativo.
20
En rigor, la cooperativa resultaría ser un verdadero consumidor o usuario final puesto que ella realiza
adquisiciones en conjunto para sus asociados. Cfr. la opinión contraria de Farina, Juan M., Defensa del
consumidor y del usuario, Astrea, Buenos Aires, 1995, p. 56/57.
21
Mateo Blanco, Joaquín, El retorno cooperativo, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1990, p. 167 y
ss. 10
manera indirecta de provocar inconvenientes a las cooperativas aplicándoles
normas contrarias a su naturaleza bajo el pretexto de igualdad de trato con
otras formas de organización jurídica de la empresa.22
En todo caso, el
resultado es el mismo: desaliento a la actuación de las cooperativas y, más
aun, desaliento a la organización libre y voluntaria de los consumidores
generando, como contrapartida, la idea de que es el Estado el único que puede
–y debe- ocuparse de proteger a los consumidores y que nadie más puede
hacerlo según su libre arbitrio y voluntad.
La efectiva defensa del consumidor y del usuario exige una adecuada
información por parte de los asociados, de manera que conozcan con la mayor
amplitud posible el significado de la cooperativa y los derechos y deberes que
su pertenencia a ella implica. Asimismo es necesario que los asociados
participen activamente en la vida institucional de la cooperativa tomando parte
en su asamblea, interviniendo en sus decisiones y ejerciendo su capacidad de
elegir y ser elegidos para el desempeño de los cargos de conducción y
fiscalización. Finalmente, es necesario que la cooperativa tenga previstos y
expeditos los canales para asegurar que los asociados puedan hacer conocer
sus inquietudes y reclamos y obtengan respuesta rápida y apropiada.

 
5. Conclusión
En el caso de las cooperativas resulta evidente la inexistencia de la
contraposición entre proveedor y consumidor o usuario que constituye la base
sobre la que se asienta el régimen de protección del segundo como parte más
débil en la relación de consumo.23
Precisamente la cooperativa está formada
por los propios consumidores o usuarios para procurarse bienes o servicios en

22
La igualdad de trato de las cooperativas y las empresas comerciales lucrativas constituye una remanida
postulación que se emplea, especialmente, en el derecho de la competencia y en el campo tributario, con el
consiguiente perjuicio derivado de no reconocer los rasgos peculiares que diferencian a las cooperativas.
Cabe recordar que la Recomendación Nº 193 de la OIT puntualiza que “los Estados miembros deberían
adoptar una legislación y una reglamentación específicas en materia de cooperativas, inspiradas en los
valores y principios cooperativos …” (punto 10.1, resaltado añadido), lo cual destaca la singularidad de estas
entidades.
23
Cfr. Cracogna, Dante, “La legislación de defensa del consumidor y las cooperativas”, Boletín de la
Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, N° 45, Deusto, 2011, p. 55. 11
forma directa y sin depender de un proveedor que se vale de ellos para realizar
ganancias. De tal suerte, se diluye la oposición dialéctica entre intereses
enfrentados que es el presupuesto de la defensa del consumidor.
Habida cuenta de la mentada confusión de roles no se advierte la razón para
sostener que los asociados deban recurrir a la legislación de protección del
consumidor, puesto que ellos mismos revisten la condición de proveedores de
los bienes y servicios que demandan. En suma, la cooperativa no es otra cosa
que un grupo de consumidores organizados para obtener bienes (cooperativas
de consumo y de provisión) o servicios (cooperativas de crédito, seguros,
electricidad, comercialización, etc.). A pesar de ello suele a veces esgrimirse
de parte de los propios asociados la pretensión de acogerse a la legislación de
protección del consumidor, lo cual no resulta extraño puesto que al calor del
ímpetu con que la legislación protectoria del consumidor arremetió,
especialmente en años recientes, la invocación de ella constituye un socorrido
soporte al que se suele acudir para sostener aspiraciones que tienen
bloqueados otros caminos.
El acto cooperativo desplaza el régimen protectorio del consumidor puesto
que implica la eliminación de la antítesis proveedor-consumidor que viene a
quedar sustituida por un régimen de mutualidad económica en el seno de la
cooperativa donde la calidad de asociado deviene sustancial para interpretar la
relación con la cooperativa: el asociado obtiene los servicios precisamente por
ser miembro (dueño) de la cooperativa, con lo cual se confunden las calidades
de proveedor y consumidor. A ello debe agregarse que, conforme con el
régimen de la Ley 20.337 –y, en general, de las leyes latinoamericanas- sola y
exclusivamente los asociados pueden formar parte de los órganos sociales de
la cooperativa: asamblea, consejo de administración y órgano de fiscalización.
Se torna, entonces, sobreabundante la aplicación del régimen de defensa del
consumidor, puesto que el propio consumidor es el protagonista de su defensa
a través de la organización cooperativa constituida precisamente para sustituir
al intermediario (proveedor).24

24
Brunetti sostiene: “Como se ve, la relación de mutuo, de compraventa, de trabajo, no es distinta de la
social sino que es parte integrante de ésta: se compra, se vende, se trabaja, se da dinero en préstamo por la 12

cooperativa en cuanto se es socio; estas relaciones subordinadas quedan absorbidas por la principal, que es
la participación social.” (Brunetti, Antonio, Tratado del derecho de las sociedades, trad. Felipe de Solá
Cañizares, TEHA, Buenos Aires, T. III, p.401, cit. por Pastorino, Roberto Jorge, Teoría general del acto
cooperativo, Intercoop, Buenos Aires, 1993. p. 169).