Ponencia- Cooperativas e ingresos brutos

Sintesis: El impuesto sobre los Ingresos Brutos es un gravamen de carácter provincial, el cual,
en términos generales, define como hecho imponible al ejercicio habitual y a título oneroso
«en la jurisdicción que se trate», del comercio, industria, locaciones de servicios y cualquier
otra actividad independientemente del sujeto que la preste. Queda claro, entonces, que una de
las condiciones para que una actividad esté alcanzada por el tributo es que la misma sea
desarrollada en el ámbito territorial de alguna de las jurisdicciones provinciales que
integran el territorio de la Argentina. Sin embargo, este aspecto ha generado ciertas
discrepancias entre los fiscos provinciales y los contribuyentes del impuesto, en relación a
ciertas actividades que, en nuestra opinión, exceden el citado ámbito territorial, como por
ejemplo actividades íntegramente desarrolladas o derechos cedidos en el exterior.
Por otro lado, cabe destacar que es un tributo que habitualmente provoca los efectos conocidos
como “cascada” y “piramidación” porque se aplica a todas las actividades y etapas sin que exista
crédito por el impuesto pagado en las instancias anteriores de la cadena productiva. Así, al
adquiriente le resulta muy difícil conocer el valor exacto de la carga tributaria contenida en el
precio, aunque sin lugar a dudas es significativo. También por este motivo, se considera que el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos puede producir distorsiones en los precios relativos,
incentivar la integración artificial de actividades y afectar a la competitividad de los bienes
producidos localmente, entre otras cosas.
Sin embargo, desde hace algún tiempo, nos hemos acostumbrado a convivir con un fenómeno
difícil de explicar: a los contribuyentes que deben bonificar el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos se les puede retener algo “a cuenta” de dicha obligación fiscal, tomando como base sus
compras, importaciones, acreditaciones bancarias o, por supuesto, sus ventas. Asimismo, la
contrariedad de esta circunstancia se potencia si tenemos en cuenta que dichos importes, en
conjunto, pueden superar varias veces el gravamen que el contribuyente debe ingresar,
reduciendo o tornando inexistente el flujo de fondos del negocio.
Esta situación se produce como consecuencia de los diversos regímenes de recaudación
establecidos en los últimos años, algunos pensados para reducir la evasión y otros, producto de
las crecientes necesidades de recaudación que enfrentan las provincias. Por ello, para comprender el contexto actual y la situación particular a la que se hizo referencia, resulta indispensable hacer
un poco de historia.
A finales de los años 40, se estableció el Impuesto a las Actividades Lucrativas (Código Fiscal
de 1948) en la Provincia de Buenos Aires, antecedente directo del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos. El nuevo gravamen tomó como fuente al Impuesto al Comercio e Industrias y se
inspiró en un tributo europeo de características similares que se aplicó hasta principios de los 70,
cuando fue reemplazado en la región por el Impuesto al Valor Agregado (hecho que no ocurrió
en nuestro país, a pesar de que estaba prevista la sustitución del gravamen en 1974).
Un intento más profundo de reforma tuvo lugar en agosto de 1993: como parte del proceso de
transformación de la economía propiciado por el Poder Ejecutivo; el Gobierno Nacional acordó
con los gobiernos provinciales la reformulación de sus sistemas tributarios. Los principios del
acuerdo fueron plasmados en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el
Crecimiento, que establecía que las provincias debían implementar y completar una serie de
exenciones antes del 30 de junio de 1995 (entre otras actividades, debían eximirse la producción
primaria, así como las prestaciones financieras y de seguros realizadas por bancos y compañías
de seguros) y sustituir, en un plazo no mayor a tres años, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
por uno general al consumo que favoreciera a la neutralidad tributaria y a la competitividad de la
economía.
Inicialmente, se lograron algunos avances en este sentido, sobre todo en lo referido a la exención
de la actividad primaria e industrial. Pero, aunque el plazo original fue prorrogado en tres
oportunidades, no llegó a completarse ni siquiera lo previsto para la primera etapa del Pacto
Federal. Recién a partir de la crisis del 2001/2002, se produjeron modificaciones, se eliminaron
diversas exenciones consagradas anteriormente y se incrementaron las alícuotas aplicables.
Con el tiempo, el objetivo perseguido por el Pacto Federal se comenzó a vislumbrar como
remoto y comenzaron a proliferar masivamente regímenes de recaudación en el ámbito
provincial. Sin embargo, cuando estos mecanismos fueron implementados, resurgió la múltiple
imposición, problema que el Convenio Multilateral había resuelto, especialmente para
contribuyentes que operaban en varias jurisdicciones. Así, como consecuencia de la heterogeneidad de las normas aplicables, de la diversidad de los
criterios de atribución y de la superposición de regímenes, entre otros factores, se elevó
significativamente la carga administrativa de los contribuyentes. Además, se produjeron
abultados saldos a favor de los sujetos pasibles que probablemente no sean recuperables. Y a
pesar de que la Comisión Arbitral ha dictado pautas para que las provincias tengan en cuenta
estos factores a la hora de establecer los regímenes de recaudación, todavía quedan diversos
problemas sin resolver.
Por mencionar un ejemplo de la gravedad de la situación sobre la que reflexionamos, en una
circunstancia extrema, una misma operación podría quedar sujeta a percepciones de las 24
jurisdicciones. Así, el monto total por este concepto sería equivalente al 36% del importe de la
compra efectuada por el contribuyente, cifra a todas luces irracional (asumiendo una alícuota de
percepción promedio para sujetos alcanzados por el Convenio Multilateral del 1.5%).
En resumen, en un período de tiempo relativamente corto hemos pasado de un extremo al otro: de
la posible sustitución del gravamen (por su ineficacia desde la perspectiva económica), a su
aplicación en la máxima expresión, apuntalada por regímenes de recaudación que producen
efectos indeseados adicionales.
Frente a este panorama, las alternativas existentes son diversas, desde analizar nuevamente el
reemplazo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por un Impuesto a las Ventas Minoristas,
un IVA provincial o una sobretasa de este gravamen con destino directo a las jurisdicciones,
opción que lamentablemente parece ser una utopía, o bien definir un régimen unificado de
retenciones y percepciones que impida la generación de saldos a favor.
Por último, cabe destacar que es loable la implementación de medidas para combatir la evasión
fiscal, pero hay que asegurarse de que las herramientas utilizadas para tal fin no saturen a la
actividad económica ni incentiven, de alguna manera, a la informalidad.
Sobre este impuesto, en nuestra provincia de Santa Fe, las Cooperativas han obtenido
respuesta a un reclamo histórico. “A partir de la reforma tributaria pensamos en una gracia
contributiva para las cooperativas y en hacer justicia”, destacó el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Dr. Antonio Bonfatti, refiriéndose a este tema cuando comunicaba que las
cooperativas de trabajo y de agua potable de Santa Fe no pagarán Ingresos Brutos

La Ley de Presupuesto 2013 para la provincia de Santa Fe incluye la exención al impuesto
sobre los Ingresos Brutos a las cooperativas de trabajo y/o recuperadas y de agua potable.

Esta exención impositiva es una iniciativa del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que en la
actualidad existen en la provincia unas 600 cooperativas de trabajo matriculadas. Hasta el
momento había en vigencia una exención para las cooperativas de trabajo cuya facturación
anual no superara los 2.500.000 pesos; con esta nueva normativa se las libera totalmente el
pago del impuesto. Esto beneficia en particular a las cooperativas de empresas recuperadas.

Por otro lado, en Santa Fe hay 128 servicios de provisión del servicio de agua potable prestado
por cooperativas, que a partir de ahora no tributarán más la alícuota del 3,5 por ciento del
impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Las Cooperativas prestadoras están asociadas a la Federación Nacional de Cooperativas de Agua
Potable (FENCAP), desde donde se destacó que “esta nueva medida sirve para continuar
mitigando la situación económica que están atravesando las cooperativas prestadoras de servicios
en la provincia”. También afirmaron oportunamente que «se estaría dando respuesta a un
histórico reclamo del sector que tiende a igualar a todos los santafesinos en relación a los
usuarios del servicio prestado por Aguas Santafesinas SA (ASSA) en las 15 localidades, donde
tienen la tarifa subsidiada».
Entre las medidas incorporadas y aprobadas por la Ley 13338/2013 que incluye el presupuesto
Provincial 2013, está la exención del pago de Ingresos Brutos a la producción, distribución, venta
de agua potable y servicios de cloacas realizado por cooperativas que se encuentren radicadas en
jurisdicción de la Provincia de Santa Fe (Incorporado como inc. z al Art.160 de la Ley 3456 –
Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe- por la Ley 13338/2013, art.56).( BO: 19/4/2013-
Aplicación: desde 27/04/2013). Distintos Nacionales, presentaron un proyecto de Resolución ante la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación para expresar su beneplácito por la sanción de la ley 13388 de la
provincia de santa fe, que establece la desgravación impositiva del impuesto sobre los ingresos
brutos para las cooperativas de trabajo y proveedoras de agua potable.
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Expresar su beneplácito por la reciente sanción de la Ley N° 13.388 de la provincia de Santa Fe
que establece la desgravación impositiva del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las
Cooperativas de Trabajo y Cooperativas proveedoras de Agua Potable en la provincia de Santa
Fe.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Provincia de Santa Fe sancionó la Ley 13.388, en cuyos Artículos 53 y 56 establece la
desgravación impositiva del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las Cooperativas de
Trabajo, independientemente del rubro y/o monto de facturación y a las 128 cooperativas
proveedoras de agua potable en otras localidades del interior santafesino. Transcribimos el
articulado:
ARTÍCULO 53: Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nro. 13.286, por el siguiente texto:
«Incorpóranse como incisos i) y j) al artículo 159 del Código Fiscal Ley Nro. 3456 (t.o. 1997 y
sus modificatorias), el siguiente texto:
«inciso j) Las cooperativas de trabajo, y/o empresas recuperadas, en tanto las actividades que
realicen se encuentran expresamente previstas en el estatuto y resulten conducentes a la
realización del objeto social».
ARTÍCULO 56: Incorpórase como nuevo inciso al texto del artículo 160 de la Ley 3456 – Código
Fiscal de la Provincia de Santa Fe, lo siguiente: «Inciso nuevo) La producción, distribución, venta de agua potable y servicio de cloacas realizada
por cooperativas que se encuentren radicadas en jurisdicción de la Provincia».
En realidad, este es un nuevo paso hacia la promoción y consolidación del sector de la economía
solidaria sin fines de lucro que representan el cooperativismo y el mutualismo en la provincia de
Santa Fe.
Desde sus horas fundacionales, Santa Fe obtuvo los beneficios de la solidaridad y el desarrollo
que aplicó aquella cultura de los inmigrantes europeos que llevó incondicionalmente a la práctica
el esfuerzo propio y la ayuda mutua: así, en tierra santafesina se constituyó la primera mutual del
país en Rosario, y la segunda cooperativa del país en Esperanza.
Con el correr de los años, ambas inconfundibles expresiones de la economía solidaria fueron
protegidas y promovidas desde la mismísima constitución provincial, cuando en el preámbulo se
afirma que «… fomentar la cooperación y solidaridad sociales; … «.
Mientras que en otros tres artículos del plexo constitucional, se afirma:
Artículo 24: «El Estado promueve y coopera en la formación y sostenimiento de entidades
privadas que se propongan objetivos científicos, literarios, artísticos, deportivos, de asistencia, de
perfección técnica o de solidaridad de intereses».
Artículo 26º: «La Provincia reconoce la función social de la cooperación en el campo económico,
en sus diferentes modalidades. La ley promueve y favorece el cooperativismo con los medios más
idóneos y asegura, con oportuna fiscalización, su carácter y finalidades».
Artículo 28º: «La Provincia promueve la racional explotación de la tierra … Estimula la
industrialización y comercialización de sus productos por organismos cooperativos radicados en
las zonas de producción que faciliten su acceso directo a los mercados de consumo, tanto internos
cuanto externos, y mediante una adecuada política de promoción, crediticia y tributaria, que
aliente la actividad privada realizada con sentido de solidaridad social. Promueve la creación de entes cooperativos que, conjuntamente con otros organismos, a realizar
el proceso industrial y comercial, defiendan el valor de la producción del agro de la disparidad de
los precios agropecuarios y de los no agropecuarios».
Con tan valiosos antecedentes, no resultó nada difícil que el parlamento argentino sancionara las
Leyes 26.037 y 26.152, que consagran a Sunchales Capital Nacional de Cooperativismo, y a
Rosario Capital Nacional del Mutualismo, respectivamente.
Durante el año 2012 y en el marco de la celebración del Año Internacional de las Cooperativas
así declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Santa Fe constituyó la Biblioteca
Pública de Economía Social Juan Del Amo; se realizaron cinco seminarios en las cabeceras de
cada uno de los Nodos bajo el título de Cooperación entre Empresas Cooperativas, a cargo de
especialistas en la materia y de los que participaron casi medio millar de cooperativistas; y se
realizando casi un centenar de Cursos de Formación y Capacitación, como resultado de los cuales
se constituyeron 90 cooperativas, 26 mutuales, y 5 cooperativas escolares.
Se jerarquizó la constitución del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social a través
del Decreto 2689/12, integrado por entidades de segundo y tercer grado con asiento en la
provincia, y también por cooperativas y mutuales de primer grado con elevada representatividad
del sector.
Asimismo, se creó el Sistema Provincial de Sellos Cooperativos (Decreto 2690/12), para
identificar a las cooperativas radicadas en territorio santafesino, y/o a los productos y servicios
producidos, comercializados y/o prestados por las mismas, como reconocimiento a las entidades
cooperativas que desarrollan sus actividades de acuerdo con los valores y los principios de la
doctrina cooperativa, cuya implementación operativa se inició en marzo pasado.
A partir de un Acuerdo de Cooperación y Asistencia Recíproca con Fairtra de Labelling
Organizations International EV, con sede en Bonn (Alemania), y la Fundación Fortalecer, en el
marco del Programa BID-FOMIN «Promoción de Sistemas Productivos Sustentables a través de
Mercados de Comercio Justo», se comenzó a trabajar en beneficio de los pequeños productores
agropecuarios y agroindustriales fortaleciendo la práctica del Comercio Justo, y, en particular,
sensibilizar y motivar al productor y al consumidor locales, acerca de los principios y valores del comercio justo, y promover la comercialización de productos de comercio justo en la Provincia
de Santa Fe, y con vistas a facilitar la exportación de los mismos, realizándose una exitosa
Jornada sobre Comercio Justo el 17 de abril de 2013, con la exposición de especialistas en la
materia y la participación de un centenar de cooperativistas y microemprendedores.
Finalmente, y con el acompañamiento del Poder Legislativo, se sancionó la exención del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las Cooperativas de Trabajo, y a las Cooperativas
proveedoras del servicio de Agua Potable, con lo cual se da un paso firme, concreto y en la
dirección adecuada, en tanto y en cuanto se retorna del concepto del liberalismo económico que
concibe al asociativismo como una actividad económica comercial más, para poner dicha
actividad en el marco de la construcción económica solidaria, de las actividades sin fines de
lucro, que se concretan para satisfacer necesidades directas de los asociados, por lo que debería
como tal estar exentas de todo gravamen capitalista.
Retomando la incidencia del Impuesto a los Ingresos Brutos, se detecta claramente que la
iniciativa tiene como objetivo crear un paliativo para aliviar la situación económica que
atraviesan las cooperativas de la Provincia de Santa Fe, que entre sus objetivos está la producción
y distribución de agua potable y provisión de servicio de cloacas.
Desde hace años, las cooperativas de la provincia reclaman que sus actividades no sean gravadas
con Ingresos Brutos, porque sus actividades no corresponden al afán de lucro.
“Es un acto de estricta justicia”, coinciden desde distintas fuentes. Se trata de una reforma al
Código Fiscal que determina ese beneficio para las 127 cooperativas que brindan el servicio
vital.
Los costos de los prestadores que no reciben subsidios del Estado santafesino (como es el caso
de Aguas Santafesinas SA) tienen “costos muchísimos más elevados que los que presta la
empresa provincial, Assa”.
La norma abarca a todas las cooperativas que proveen agua potable, tengan o no otros servicios.
Distintos legisladores apoyaron a los impulsores de la iniciativa, elogiaron al movimiento
cooperativo santafesino y destacaron que es más que valioso el aporte que esa forma asociativa
no empresaria ni estatal brinda a la población.
La idea de que las cooperativas no deberían tributar Ingresos Brutos es parte central de los
principios que reivindican estas entidades. Es que teniendo en cuenta la naturaleza económica de
las cooperativas, que son entidades sin fines de lucro, se puede decir que no hay una
intermediación entre el mercado y el asociado a la cooperativa (como sí ocurre con las empresas
privadas), cuyo móvil principal es lucrar con la diferencia entre el costo y el precio de venta.
En la provisión de servicios por las cooperativas no existe acto de comercio, no hay transacción
que transfiera riqueza de uno a otro. Y por ello, el acto cooperativo debe quedar fuera del
Impuesto a los Ingresos Brutos, ya que en dicho acto no se verifica el hecho imponible del cual
es objeto este tributo.
En la Argentina sólo las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén eximen a las
cooperativas (de todos los rubros) de abonar el Impuesto a los Ingresos Brutos. En el resto de las
provincias, las cooperativas pagan este gravamen.
Desde el punto de vista objetivo, el beneficio alcanza a los ingresos provenientes de
la producción, distribución, venta de agua potable y servicio de cloacas. Analizando el aspecto
subjetivo del beneficio, el mismo alcanza la prestación efectuada por un sujeto que haya
adoptado la forma jurídica de cooperativa. Además, se requiere que la entidad solidaria se
encuentre radicada en la jurisdicción de la Provincia de Santa Fe, situación que se encuentra
reglamentada en el artículo 1 de la resolución general (API) 22/2012.

Entrando en el análisis normativo de la ley Ley 13338 – Promulgada el 21/03/2013 – Publicada
en el Boletín Oficial 19/04/2013, concretamente en los artículos que incorporan las
modificaciones al Código Fiscal de nuestra provincia, lo primero que advertimos es que la norma
en cuestión efectúa las modificaciones en el capítulo V, art 159, que establece las exenciones y en
su inc. J expreza: j) Las cooperativas de trabajo, y/o empresas recuperadas, en tanto las
actividades que realicen se encuentran expresamente previstas en el estatuto y resulten
conducentes a la realización del objeto social. (Sustituido por Ley 13338 – Promulgada el
21/03/2013 – Publicada en el Boletín Oficial 19/04/2013); también, al referirse a distintas
actividades, hace lo propio en el inc. Y del artículo 160 que reza: y) La producción, distribución, venta de agua potable y servicio de cloacas realizada por cooperativas que se
encuentren radicadas en jurisdicción de la Provincia. Incorporado por Ley 13338 –
Promulgada el 21/03/2013 – Publicada en el Boletín Oficial 19/04/2013).
De lo dicho anteriormente surgen algunas cuestiones para analizar y no podemos dejar de ver que
las exenciones, tanto como las subvenciones, son institutos del derecho tributario que forman
parte de los llamados beneficios o incentivos fiscales. Se trata de estímulos a determinadas
entidades o actividades desarrolladas por distintos sujetos y se logra que un hecho imponible
resulte exento.
Esto tiene que ver con una decisión política, adoptada, cierto, por el órgano estatal, aunque su
fundamento no está cimentado (en nuestro caso) en la razón de ser de nuestras entidades, sino,
que se trata de una acción de política, plausible, pero que por tal puede variar del mismo modo
que varían las acciones estatales de este tipo.
Si bien el alcance de esta ponencia se limita a comentar la situación actual de nuestra provincia,
es menester detenernos un instante para realizar alguna conceptualización que puede ser de ayuda
para comprender un poco mejor el asunto.
Se puede afirmar que la doctrina distingue entre no sujeción y exoneración.
La delimitación del concepto de «no sujeción» en realidad no presenta mayor problema, ni en la
doctrina ni en la jurisprudencia, en tanto se puede conceptualizar como la no realización del
hecho imponible (acto cooperativo) descrito en la norma tributaria, es decir, no nace situación
jurídica alguna que permita circunscribirla como hecho imponible.
En estos casos lo que aparece es la inexistencia de obligaciones tributarias y en consecuencia los
hechos y personas que no están sujetas al tributo.
La exoneración (o exención tributaria), consiste en una técnica tributaria y la teoría clásica de la
exención define las exoneraciones como una dispensa legal de la obligación tributaria, sea como
la derogación de la obligación de pago, no obstante producirse el hecho imponible, que es el
efecto que producen, sea la excepción de la obligación de contribuir con los gastos públicos a
determinados sujetos (exoneración subjetiva), o a determinadas situaciones o hechos (exoneración objetiva). Así, la exención tributaria tiene lugar cuando una norma contempla que
en aquellos supuestos expresamente previstos por ella, no obstante producirse el hecho
imponible, no se desarrolla su efecto principal: el deber pagar el tributo u obligación tributaria.
Asimismo puede suceder que se impida el nacimiento de la obligación tributaria –exención total-,
o se reduzca la cuantía del tributo -exención parcial, a través de bonificaciones o deducciones-,
«por ciertos actos, hechos o negocios, o a ciertos sujetos pasivos, al cumplirse un presupuesto de
hecho descrito en la norma que, de no existir, implicaría la no excepción del gravamen.»
MARTÍNEZ DE PISÓN, Juan Arrieta. Técnicas desgravatorias y deber de contribuir. Mc.Graw
Hill/Interamericana de España. Madrid. España. 1999
Así, se ha resumido la concepción en los siguientes términos: «Una posición ampliamente
generalizada sostiene que la exención consiste en la dispensa legal de pago o en la no exigibilidad
del tributo. Es decir, expresado de una manera diversa, que en toda situación exentiva, se produce
la relación tributaria y como consecuencia, nace la deuda tributaria, la carga obligacional, la cual
no puede ser exigida por el ente público acreedor, en mérito al precepto legal.» LANZIANO.
Teoría general de la exención tributaria, Buenos Aires, Depalma, 1979, p. 14
De tal forma que la estructura de la exoneración tributaria se caracteriza por contener un único
mandato manifestado por dos preceptos, primero la sujeción, y de seguido, la exención; de
manera que la obligación tributaria nace, pero no es exigible. «La exención es, pues, la dispensa
del pago de un tributo debido por disposición expresa del legislador, debiendo, en consecuencia,
la ley especificar las condiciones y requisitos para su otorgamiento, los tributos que
corresponden, si es total o parcial y, en su caso, el plazo de duración.»
Ahora bien, mas allá de la exención del pago del tributo subsisten otras obligaciones de contenido
no patrimonial, tales como el deber de informar, soportar inspecciones, etc, deberes de contenido
no patrimonial, fundamentalmente de información.
Esto es lo que se ha generado legislativamene en nuestra provincia puesto que la norma fiscal,
ahora reformada, en su capítulo V expresa lo siguiente: (se transcribe la parte pertinente)
“Capítulo V – De las exenciones. Artículo 159 – De las exenciones. Enumeración.
… j) Las cooperativas de trabajo, y/o empresas recuperadas, en tanto las actividades que
realicen se encuentran expresamente previstas en el estatuto y resulten conducentes a la
realización del objeto social. (Sustituido por Ley 13338 – Promulgada el 21/03/2013 –
Publicada en el Boletín Oficial 19/04/2013)” (Supuesto de exoneración subjetiva)
… y) La producción, distribución, venta de agua potable y servicio de cloacas realizada por
cooperativas que se encuentren radicadas en jurisdicción de la Provincia. Incorporado por Ley
13338 – Promulgada el 21/03/2013 – Publicada en el Boletín Oficial 19/04/2013)” (supuesto
de exoneración objetiva)
También podemos apreciar el nacimiento de otras obligaciones tales como las que referíamos
anteriormente aunque, no es el objetivo de éste trabajo describir cuales son las obligaciones y
requisitos que hay que completar para ser exonerado del tributo.
Para concluir podemos ver que en su articulado, el Código Fiscal de la provincia expresa que: “…
cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las sociedades cooperativas …”, y
aquí esta el primer error de la formulación que hace la norma fiscal pues describe,
detalladamente, actos de comercio y sin importar el sujeto que lo haga y justamente ese es el
error, ya que en el caso, SI importa quien realiza el acto siendo nuestras entidades, en el
cumplimiento de su objeto estatutario. El “acto cooperativo” es la esencia de la naturaleza
jurídica de este sistema, y configura una definición de teoría económica que deslinda el ámbito de
la economía cooperativa de la del mercado, y fija las fronteras en que operan, no implicando –
dichos actos- operación de mercado sino un servicio social, de conformidad con los principios
tipificantes de la ley, el estatuto y las demás disposiciones aplicables (Alberto E. Rezzónico,
Documento para el Debate – Pre Cac 2012 Facultad de Derecho UBA) .
Demás está decir que se ha teorizado mucho ya sobre los actos que emanan de nuestras entidades
en la búsqueda de consecución de sus fines y ya nadie discute que se trata de un acto donde no
existe el ánimo de lucro, sino una vocación solidaria entre la cooperativa y el asociado. Para
mayor abundamiento la definición propia de la ley y los estudios de prestigiosos autores en la
materia me eximen de mayores comentarios. Lo cierto es que nuestra lucha debe continuar para que se nos de un tratamiento legal adecuado y
conteste con la esencia que nos da la razón de ser cooperativa. Por lo dicho anteriormente, NO
somos sujetos del tributo, no debe haber sujeción en nuestro caso. Hoy se trata de una exención
impositiva que deberá hacerse extensiva a las demás cooperativas de servicios públicos y a todo
el sector cooperativo, mañana será un subsidio, un crédito blando, etc.; considero y en ello llevo
la voz de las bases de nuestras entidades, que estamos asistiendo a un presente avalado
historicamente y que nos marca un momento para seguir creciendo con un tratamiento legal que
contemple el plexo normativo cooperativo con las demás ramas ya que por esencia y principios,
nos corresponde.