Ponencia – Cooperativas Transfronterizas – Mercosur

Síntesis: Los procesos de integración regional incluyen la necesidad de armonización de la
legislación de los países que forman parte de ellos y asimismo han menester de normas que
posibiliten la libertad de establecimiento de las empresas y la constitución y actuación de ellas
dentro del ámbito geográfico del acuerdo. En caso de que así no ocurra, la integración no
podrá alcanzar plenamente sus objetivos si éstos efectivamente trascienden la mera
constitución de una zona de libre comercio y se proyectan hacia etapas más avanzadas. Dentro
de ese marco, la posibilidad de constituir cooperativas transnacionales prevista por el Estatuto
de las Cooperativas del MERCOSUR significa un notable avance que se halla demorado en
su realización por las características propias de la estructura jurídica de este acuerdo de
integración y el desinterés de los parlamentos nacionales.

1. Introducción
El 28 de abril de 2009 el Parlamento del MERCOSUR (Parlasur) aprobó por unanimidad el
Estatuto de las Cooperativas del MERCOSUR (el Estatuto). Esta es la primera sanción
adoptada por el Parlasur desde su constitución producida como consecuencia del Protocolo de
Montevideo de 2005 que lo creó en reemplazo de la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC).
Sin embargo, en el Mercosur no existen órganos con capacidad para dictar normas de carácter
supranacional.1
Por otra parte, ni la antigua CPC creada por el Protocolo de Ouro Preto en
1994 ni el actual Parlasur son órganos con capacidad decisoria; es decir, que puedan dictar
normas. Solamente pueden emitir recomendaciones. Por lo tanto, el Estatuto constituye por el
momento sólo una recomendación dirigida a los parlamentos nacionales de los Estados Partes

1
Esto es así a diferencia de lo que sucede en la Unión Europea donde existen órganos con competencia para
dictar normas de carácter supranacional. Los órganos del Mercosur, en cambio, son de carácter
intergubernamental, por lo que sus normas sólo adquieren eficacia una vez que son internadas en los Estados
Partes mediante los procedimientos previstos en sus respectivos ordenamientos nacionales.

y únicamente cuando todos ellos lo hayan internado dentro sus propios ordenamientos
jurídicos mediante el dictado de las leyes respectivas, comenzará a regir.
2. Génesis del Estatuto
A comienzos de 2006 la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur (RECM)
2

emitió una Comunicación (N° 02/06) acerca de las Políticas Públicas en Materia de
Cooperativas en la cual expresa la necesidad de realizar esfuerzos para lograr “que cada país
adopte medidas concretas que contribuyan a posibilitar y estimular la constitución de
cooperativas transfronterizas y regionales y facilitar el reconocimiento legal de las
cooperativas de los otros países del Mercosur.”
En razón de tales fundamentos, la RECM constituyó una Comisión Técnica encargada del
estudio de un estatuto legal orientado a promover el desarrollo y la integración cooperativa en
el ámbito regional del Mercosur. Dicha Comisión comenzó a funcionar en octubre de 2006
contando con la participación de parlamentarios de distintos Estados Partes que integraban la
Sub Comisión de Cooperativas de la ex Comisión Parlamentaria Conjunta, a la sazón todavía
existente, además de expertos en legislación cooperativa de los diferentes países.

La Comisión Técnica efectuó un amplio relevamiento de las distintas posibilidades de realizar
la integración cooperativa en el ámbito regional a la luz de la normativa vigente y tomó
asimismo en cuenta la experiencia del Derecho Comparado, especialmente el Estatuto de la
Sociedad Cooperativa Europea (Reglamento CE 1453/2003)3
que había sido sancionado pocos
años antes. Consideró de especial importancia contemplar la posibilidad de constituir

2
La RECM fue creada por Resolución 35/01 del Grupo Mercado Común siguiendo una recomendación del Foro
Consultivo Económico y Social. Está integrada por representantes de los organismos gubernamentales de
cooperativas de los Estados Partes y por representantes de las máximas organizaciones nacionales de integración
del movimiento cooperativo de cada uno de los países y tiene como objetivos “analizar y desarrollar proyectos en
esta área [cooperativas], especialmente en lo referente a la armonización de aspectos legislativos; la
complementación de actividades productivas y/o de servicios; la armonización de políticas públicas del sector
cooperativo y la promoción de la libertad de circulación e instalación de cooperativas en la región.”
3
Sobre el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea existe una amplia bibliografía. Puede consultarse, entre
otros: Dante Cracogna, “Una novedad comunitaria: la Sociedad Cooperativa Europea”, Revista del Derecho
Comercial y de las Obligaciones, N° 208, Buenos Aires, 2004, pág.983 y ss.

cooperativas -de primer o segundo grado- que admitan asociados domiciliados en más de un
Estado Parte; es decir, cooperativas que puedan estar formadas por personas de diferentes
países del Mercosur a las que presten los servicios propios de su respectivo objeto social.

Sin perjuicio de ello, la Comisión estimó que la previsión de la existencia de estas
cooperativas transfronterizas no debía excluir la posibilidad de encarar otras formas jurídicas
de integración que se hallen previstas en la legislación común, particularmente referidas a las
sociedades comerciales, y otros tipos de alianzas estratégicas orientadas a consolidar el
movimiento cooperativo en la esfera de la integración regional.

Después de los estudios y consultas realizados se arribó a la conclusión de que la forma
práctica para establecer el régimen de esta peculiar clase de cooperativas consistiría en
incorporar dentro de la legislación cooperativa de los Estados Partes -mediante los
procedimientos legislativos propios de cada uno de ellos- un capítulo especial dedicado a
aquéllas. De esa manera no se altera el régimen común de las cooperativas de cada país y, por
otro lado, se logra uniformidad en el tratamiento de las “Cooperativas del MERCOSUR” por
parte de todos ellos.
3. En qué consiste el Estatuto
El Estatuto no está concebido como un cuerpo autónomo de normas destinado a tener vigencia
independiente sino que se halla previsto para ser incorporado a cada una de las legislaciones
nacionales sobre cooperativas de los Estados Partes. Por lo tanto, no conforma un conjunto de
normas diferenciadas sino un grupo de disposiciones que habrá de integrarse como una suerte
de capítulo especial dentro de cada legislación nacional formando parte de ella.

De allí que el Estatuto sólo contiene un reducido número de normas -las indispensables para
caracterizar a las “Cooperativas del Mercosur”- puesto que estas cooperativas se regirán de
manera integral por las disposiciones de las respectivas leyes de cooperativas de cada Estado
Parte. No se diferenciarán del resto de las cooperativas nacionales sino por su denominación

social (en la que debe incorporarse la expresión “Cooperativa del Mercosur”) y por las normas
que sus estatutos deben incluir para adecuarse a tal condición.

En efecto, el Estatuto prescribe expresamente que las “Cooperativas del Mercosur” se regirán
por las “disposiciones comunes que rigen a las cooperativas en cuanto a su constitución,
registro, funcionamiento, supervisión, disolución y liquidación”4
con la única salvedad relativa
a las adecuaciones “que en razón de su naturaleza resulten del presente capítulo y fueren
pertinentes a su organización y funcionamiento.”

El motivo que justifica la existencia de las “Cooperativas del Mercosur” consiste en que las
cooperativas de un Estado Parte puedan brindar sus servicios a personas domiciliadas en otro u
otros Estados Parte pero no solamente extendiendo sus actividades a ellas en calidad de
usuarios sino incorporándolas como asociados; es decir formando parte de la cooperativa y no
como terceros ajenos. Este es sentido de la cuestión: cooperativas con asociados en dos o más
Estados Partes, lo cual resulta de particular interés en las áreas de fronteras donde la vecindad
geográfica y la comunidad de problemas aconsejen aprovechar de la mejor manera los
esfuerzos para resolverlos. Pero no se limita exclusivamente a esas situaciones.

Se prevé que los asociados de las “Cooperativas del Mercosur” domiciliados en el Estado de
su constitución deben representar más del cincuenta por ciento del total y contar asimismo
con más del cincuenta por ciento del capital social suscripto pues se considera que no resulta
justificada la existencia de una cooperativa en un Estado Parte para reunir asociados y prestar
servicios mayoritariamente en otros. De allí que si una “Cooperativa del Mercosur” dejara de
contar con los indicados porcentajes de asociados y de capital en el país de constitución
durante un lapso que supere los seis meses debe comunicarlo a la autoridad encargada del
registro de cooperativas y, en tal caso, perderá su condición de tal. Debe entenderse que en tal

4
Esta disposición resulta congruente con la CIDIP II (Convención Interamericana de Derecho Internacional
Privado) en materia de sociedades comerciales suscripta en Montevideo en 1979, cuyo art. 2 establece que “la
existencia, capacidad, funcionamiento y disolución de las sociedades mercantiles se rigen por la ley del lugar de
su constitución” entendiendo por “ley del lugar de su constitución” la del Estado “donde se cumplan los
requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas sociedades.”

supuesto incurren en causal de disolución pues no podría subsistir como cooperativas comunes
contando con mayoría de asociados domiciliados en otro país. Producida la disolución deben
liquidarse de conformidad con el régimen legal del país sede.

Por lo tanto, estas cooperativas han de tener su domicilio en un Estado Parte y se constituirán
de conformidad con su respectiva legislación de cooperativas pero previendo en sus estatutos
la incorporación de asociados radicados en otro u otros Estados Partes. Para el cumplimiento
de su objeto social podrán contar con establecimientos o sucursales en países diferentes del de
su domicilio legal de acuerdo con el régimen común. En este aspecto, las operaciones que
realicen en países distintos del de su domicilio se hallarán sujetas a las disposiciones vigentes
en ellos.5

4. Constitución y asociados

El Estatuto prevé que las “Cooperativas del Mercosur” sean constituidas como tales desde su
origen o bien por transformación de una cooperativa ya existente. En el primer caso no es
necesario que en el acto constitutivo participen asociados de otros Estados Partes, aunque
lógicamente podrían hacerlo. Lo que se exige es que el estatuto contenga las previsiones
requeridas para obtener esa condición y que su denominación la exprese. En todo caso, el
trámite de constitución y reconocimiento legal de la “Cooperativa del Mercosur” será el
mismo que la legislación nacional prevea para las cooperativas comunes.
El segundo supuesto consiste en que las “Cooperativas del Mercosur” surjan a partir de
cooperativas comunes ya existentes. Este supuesto, que previsiblemente puede tener lugar en
casos de cooperativas de frontera u otras que ya tengan algún vínculo con otros países, el
procedimiento consistirá en una reforma del estatuto que incorpore las disposiciones
pertinentes y modifique la denominación social, la cual debe ser resuelta por las asamblea

5
En este punto también resultan aplicables las disposiciones de la CIDIP II en cuanto prescriben que “para el
ejercicio directo o indirecto de los actos comprendidos en el objeto social de las sociedades mercantiles, éstas
quedarán sujetas a la ley del Estado donde los realizaren” (art. 4).

mediante una mayoría de dos tercios de sus asociados presentes. Una vez adoptada la decisión
por la asamblea, la cooperativa debe tramitar su inscripción en el Registro de Cooperativas de
la manera que se realiza con cualquier reforma estatutaria.
El Estatuto exige que la denominación social se integre con la expresión “Cooperativa del
Mercosur”, lo cual resulta un requisito lógico para identificar a estas cooperativas
distinguiéndolas de las comunes. Como las leyes nacionales de cada país ya contienen
disposiciones acerca de la denominación de las cooperativas, éstas deben compatibilizarse con
la exigencia del Estatuto. De todas maneras, no es necesario ningún recaudo especial para la
inscripción, la cual se realizará en el Registro de Cooperativas respectivo conforme con el
procedimiento corriente en cada país.
En cuanto a las cooperativas de segundo grado (federaciones, centrales, uniones, etc.), si bien
genéricamente son “cooperativas” y en tal sentido correspondería aplicarles las mismas
disposiciones que a las demás sin necesidad de normas específicas, el Estatuto prevé
expresamente que ellas también pueden constituirse como “Cooperativas del Mercosur”
incorporando en este caso a cooperativas primarias domiciliadas en otros Estados Partes. Para
su constitución y funcionamiento rigen las mismas disposiciones que para las cooperativas
primarias pero con las adecuaciones de cada legislación nacional para las cooperativas de
segundo grado y su denominación social deberá también llevar la expresión “Cooperativa del
Mercosur”.
El rasgo fundamental de las “Cooperativas del Mercosur” consiste en que cuentan con
asociados domiciliados en diferentes Estados Partes. No es necesario que el estatuto de la
cooperativa identifique en cuáles de ellos; es suficiente con que exprese que pueden formar
parte de la cooperativa asociados domiciliados en otros Estados Partes. Es de suponer que en
un primer momento sean de un determinado país, pero luego podrían extenderse a otros
siempre que no lleguen al cincuenta por ciento del total ni alcancen ese porcentaje del capital
suscripto.

Se establece que todos los asociados, cualquiera fuera su domicilio, tendrán los mismos
derechos y obligaciones sociales; es decir se impone la observancia del principio igualitario
entre ellos y la regla del gobierno democrático, de tal suerte que no existan diferencias con
relación a los asociados del Estado del domicilio de la cooperativa. A tal efecto se prescribe
que el estatuto debe prever el régimen de participación de los asociados domiciliados en otros
Estados Partes en las actividades de la cooperativa, lo cual involucra tanto el uso de los
servicios como la intervención en su gestión y gobierno.
Obviamente, la organización de la participación dependerá de las características de cada
cooperativa; de los servicios que constituyen su objeto social; del lugar de su domicilio; de la
concentración o dispersión geográfica de los asociados domiciliados en otros países; de los
medios de comunicación y transporte existentes; etc. Pero el principio que sienta el Estatuto es
claro en cuanto a garantizar la igualdad de trato y la participación democrática.
5. Reconocimiento en otros países

Las cooperativas son sujetos de derecho constituidos en un Estado de conformidad con su
propia legislación, cuyo reconocimiento por los demás Estados se halla sujeto a las normas del
Derecho Internacional Privado conforme sean los vínculos o tratados existentes entre ellos.
Esa es la situación general, común a otros sujetos de derecho.6

Sin embargo, en este caso se trata de cooperativas que tienen específicamente previsto asociar
y prestar servicios a personas domiciliadas en otros países por lo que su actuación en tales
países habrá de producirse de manera más o menos regular o intensa. De allí que el Estatuto ha
incorporado una norma especial que, congruente con los lineamientos generales de la materia,
establece pautas precisas para el reconocimiento.
Así, dispone que las “Cooperativas del Mercosur” serán reconocidas de pleno derecho por los
demás Estados Partes previa acreditación de su constitución legal; es decir que solamente se

6
La CIDIP II contiene normas expresas sobre reconocimiento de las sociedades comerciales que podrían
considerarse genéricamente aplicables a las cooperativas.

les exigirá la documentación que demuestre su constitución en el país de origen de acuerdo
con la ley de cooperativas respectiva, pero nada más.
Sin embargo, se establece una condición para el reconocimiento en los términos antedichos: la
reciprocidad del Estado Parte en el que la cooperativa estuviera constituida. Es decir que la
legislación de éste tenga previsto igual tratamiento para el reconocimiento. Esta fórmula de la
reciprocidad, corriente en el Derecho Internacional Privado, se orienta a procurar que todos
los Estados Partes adopten el Estatuto, incorporándolo a su respectiva legislación
6. Conclusión
Ciertamente puede considerarse que existen aspectos del Estatuto susceptibles de encontrar
dificultades a la hora de su aplicación concreta, tal como sucedió con el Estatuto de Sociedad
Cooperativa Europea.7
Pero es evidente que constituye un avance significativo y precursor en
la legislación cooperativa que abre una nueva perspectiva al desarrollo cooperativo en el
marco de la integración regional
De todas maneras, la adopción del Estatuto dentro de cada país se halla en manos de los
respectivos parlamentos nacionales. A pesar de que el Parlamento del Mercosur –formado por
parlamentarios de los cuatro Estados Partes- aprobó por unanimidad del Estatuto en 2009,
hasta ahora sólo el Parlamento del Uruguay lo incorporó al derecho nacional mediante la Ley
18.723 de 2010. Los restantes Estados Partes no han demostrado hasta ahora voluntad de
cumplir la recomendación del Parlasur adoptada en forma unánime como su primera sanción.
8

7
Ello así aun cuando el Estatuto de la SCE –al igual que el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE)-
atravesó un proceso de elaboración de varios lustros (Cfr. Fajardo García, Gemma, “El Estatuto de la Cooperativa
Europea”, en La Economía Social y el Tercer Sector. España y el entorno europeo, Fundación ONCE, Madrid,
2003, p. 261 y ss).
8
Por otra parte, la incorporación de Venezuela como miembro pleno del Mercosur implicará la necesidad de que
este país también interne el Estatuto, pese a que no era Estado Parte al momento de su aprobación por el Parlasur.