Ponencia- Derecho cooperativo y América Latina

Resumen:

Vivimos en una sociedad que ha “mercantilizado la vida” cotidiana, el estado, la política, la
economía, el derecho, la cultura, y la ciencia, y que normaliza y uniforma el comportamiento de
las personas y también el de las organizaciones y empresas.
América Latina no es ajena a este “sociometabolismo”, pero habiendo sido sus pueblos
“privilegiados” con las consecuencias sociales desvastadoras de la irracional y salvaje
acumulación de capital y riqueza, ha reaccionado con prácticas vinculadas a la “economía
social, popular, solidaria y comunitaria” y políticas que enfrentan la pobreza y el desempleo.
El marco normativo consecuente es plural, y traduce las normas que aseguran la reproducción
de la hegemonía, pero además, importantes avances con diversas manifestaciones en la base
constitucional, en la legislación general inherente a la economía social y solidaria y en la
específica que regula al sector o al sistema cooperativo.
El movimiento socio económico cooperativo que construyó su identidad en los albores del
capitalismo, y que fue adecuándose a la cambiante realidad, está siendo sometido a tremendas
presiones por su actual versión global “financiarizada” que lo sumerge en normas y en mercados
opacos, y “oligopolizados”.
En esas contradicciones originadas en el mercado, y en su relación con las políticas públicas se
debate su identidad cooperativa y su razón de existencia.
El derecho cooperativo, está obligado en América Latina a responder a las especificidades de
su realidad, y a la praxis del movimiento cooperativo, integrado en el sistema y las
manifestaciones socio económicas de la economía social, popular, solidaria y comunitaria. Con
esa propuesta teleologíca el análisis del derecho comparado puede proporcionarnos recursos e
instrumentos muy valiosos.
Quienes participamos de esta disciplina tenemos el compromiso de ensanchar sus horizontes
para sostener desde lo jurídico, su identidad, su sostenibilidad y también la reproducción de la
vida, puesta en entredicho por la reproducción ampliada del capital.

1. La Sociedad en la que vivimos.

Vivimos en una sociedad que ha “mercantilizado la vida” cotidiana, el estado, la
política, la economía, el derecho, la cultura, y la ciencia.
Los multimedios de comunicación, las universidades, las academias científicas, y
el acceso a la riqueza y a la consideración social, son puestos al servicio de una única manera
admitida e impuesta con, o sin coacción y violencia, de comportarse en sociedad: La del
individualismo egoísta y la competitividad salvaje.
Se trata de una sociedad que “vigila”, “castiga” y “normaliza” nuestro “sentido
común”, nuestra “intimidad constitutiva”, nuestras pulsiones, sentimientos y emociones, e
introyecta una racionalidad que admite como normales, cosas que son irracionales.
El abismo en el que la ética es sustituida por el lubricante de la corrupción , la
inseguridad en todas sus formas, la droga, las armas y la guerra como negocios, en el mismo
paquete en el que la prosperidad o la pobreza están atadas a la especulación financiera, forman
parte de la realidad cotidiana.
Este modelo de sociedad, admite un modelo único de empresa, que debe sobrevivir
y triunfar en mercados globales, opacos, y oligopólicos, administradas por individuos
racionalmente egoístas, sobre la base del principio del “costo beneficio”, prescindiendo de las
consecuencias sociales y ambientales de este razonamiento excluyente (
1
).
El desempleo, la exclusión, la pobreza, la destrucción de la biosfera, son sólo
consecuencias negativas, de este formidable y eficientísimo proyecto de “reproducción
ampliada” y por “apropiación” de la riqueza, para unos pocos. El mundo ha sido colocado al
borde de un abismo civilizatorio.(
2
) La mayoría de los estados en el planeta, las políticas públicas
de sus gobiernos, y también sus normas jurídicas, se enderezan con sus contradicciones, a
convalidar esta hegemonía.
En el plano jurídico, el poder descarnado ha hecho tabla rasa con los derechos
sociales y también con los de los individuos, la libertad de los mercados corrompe la libertad
ciudadana. El derecho positivo fue desquiciado, y conducido a la ley de la selva, por las normas
“soft” globales, por la nueva “lex mercatoria”, por el “costo beneficio” traducido jurídicamente
en el “análisis económico del derecho”, y por un “activismo judicial” que en contradicción con
su origen democrático, se manifiesta conservador y regresivo.

2. América Latina

1
Bibliografía para este punto: Gramsci Antonio (1984), Metzáros Ivan (2008)-, Grünner Eduardo (2005:17) ,
Michael Foucault 2008), – Schujman Mario S. (2006)
2
“El 1% de la población mundial es poseedor del 43% de los activos del mundo. El 10% más rico tiene el 83% de
dichos activos. En cambio el 50% de menores ingresos sólo tiene el 2% de los activos”. “En la Unión Europea el 20
% de los jóvenes menores de 25 años está desocupado. El 42 % en España, el 32% en grecia el 29% en Irlanda y en
Italia. En EEUU el 31% de la población de color”. “El desempleo joven fue una de las causas centrales de las
(multitudinarias protestas) en el mundo árabe. Es del 24% en Egipto, 30% en Tunez y Siria y 39% en Arabia
Saudita”. El planeta podría alimentar actualmente al doble de su población actual, sin embargo más de 1.000
millones de personas padecen hambre.Las reservas de agua potable son suficientes, sin embargo 1200 millones de
personas no tienen acceso a agua limpia. La desigualdad en la distribución de los ingresos entre el 20% mas rico y el
20% mas pobre, pasó de 30 a 1 en 1960 a 74 a 1 en el 2006

América Latina no se sustrae en términos generales a esta realidad, pero sin
embargo, es el territorio en el mundo, donde se esbozan desde la diversidad algunas tendencias
contra – hegemónicas (3
).
La dureza con la que esta sociedad y esta economía mercantilizada, han golpeado a
esta parte del continente desde los tiempos “coloniales”, y en las “décadas dictatoriales” y
“neoliberales”, ha engendrado reacciones y un retorno a lo invisibilizado: Nuevas experiencias
que a través de movimientos sociales, económicos y políticos, permitieron recuperar prácticas
democráticas, promover un concepto de desarrollo sustentable, un proceso de integración en la
diversidad que no responde sólo al intercambio económico de equivalentes, expresados en valor
de cambio, y una recuperación parcial de los estados nacionales.
Y a partir de ello, estos países se debaten en esta realidad a la que no son ajenos, (y
sin rupturas para los que no están preparados), a partir de resultados socio – económicos importantes y
alentadores (Cepal Informe Económico y Social 2012), que no han conseguido sin embargo, superar la
profunda brecha de desigualdad que sigue siendo un rasgo estructural de la región.
En América Latina una política “neokeynesiana crítica” en lo económico, y
“compensatoria” y “redistributiva ex post” en lo social, en coexistencia con un incremento en el
valor de los productos primarios, ha permitido un crecimiento sostenido, que en muchos casos
enfrenta las consecuencias extremas que genera en la sociedad el “neoliberalismo.
Las políticas sociales redistributivas avanzan en la lucha contra el desempleo, la
pobreza, la marginación y la exclusión y para mejorar la situación de los derechos humanos,
económicos, sociales y culturales. (CEPAL. Anuario Estadísticas 2011). Que marcan la primera década
del siglo XXI. Más de 45 programas de “transferencias condicionadas” que se implementaron y
se implementan actualmente en casi todos los países al sur del río bravo.
Conviven en esta parte del mundo en conflicto y armonía, muy diversas corrientes
políticas y económicas, coincidentes en una relación cooperativa que hizo posible, la
revitalización de los estados nacionales y de las políticas sociales. La admisión de la diversidad
y la pluralidad son un rasgo de la juridicidad y también de la política pública latinoamericana.
Ninguna de estas plurales expresiones, se ofrece en forma pura en ninguno de los
estados que integran este subcontinente, ni permanecen estáticas en las correlaciones de fuerzas
globales, regionales y locales.
Tampoco permiten sustentar planteos excluyentes. Sólo repensar nuevas
perspectivas para las relaciones sociales formales y sustanciales y para los movimientos sociales
y económicos, entre los cuales destaca la organización cooperativa.
La especificidad Latinoamericana, en el plano jurídico, y su diversidad están
enraizadas en un resignificante “realismo mágico”, y se traduce en el “neo constitucionalismo”
o “constitucionalismo popular”; sumergido en textos, claramente liberales originados en las
constituciones que sostuvieron el nacimiento del capitalismo en el Siglo XIX, introduciendo en
ellos derechos humanos, económicos, sociales y culturales.
La admisión de las diversas manifestaciones del derecho de propiedad (que algunos
suponen valiosa sólo si es individual y privada), y de sistemas económicos mixtos (que obedecen a principios y
sistemas económicos diversos que coexisten), y el reconocimiento de la identidad y el respeto a los pueblos
originarios y a la “pacha mama”, (
4
); que conviven en armonía diacrónica, con otras

3
Bibliografía para este punto: Boaventura Da Souza Santos (2010 a y b) y desde otras ópticas Ernesto Laclau.(2013), Bernardo
Kliksberg y Joseph Stiglitz.
4
La diversidad, la asincronía y la anomia en su aplicación son algunos de los rasgos fundamentales de Las Constituciones y la
legislación latinoamericana, y están mayoritariamente anclados al liberalismo del siglo XIX:
Méjico (1917). Es una excepción porque su constitución social generada en la revolución campesina, sobrevive, con algunas
mutilaciones, a las políticas liberales de las últimas décadas. Art 2 “la nación tiene una composición pluricultural, Art. 27 inc. 7,
reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y protege su propiedad sobre la tierra. La ley,
considerará el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades. En el inc. 15 prohíbe los latifundios y
en el art. 28 a los monopolios y a las prácticas monopólicas. Art. 25 Se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social…”
Colombia (1991) “concepto de propiedad “solidaria” (art. 58) Jerarquiza la inspección, vigilancia y control de “las entidades
cooperativas”. (art. 189 inc. 24).“condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria” (art.60) –
Argentina. (1853/1994). Art. 75. Inc. 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. , Inc. 19 Proveer lo
conducente al desarrollo humano.. Inc. 22 Jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos. Inc. 23. Promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato. Etc. constituciones que proponen banderas para la transformación de la sociedad y del estado (
5
), y
un tercer grupo de normas fundamentales, que sin adscribir a ninguna de estas dos corrientes, en
algunos casos en disposiciones introducidas incluso por gobiernos militares, y en otros a partir
de banderas de cambio social en otras décadas, introdujeron disposiciones específicas para
fomentar el desarrollo de las cooperativas en un contexto que no lo anuncia.(
6
).
A partir de esos avances constitucionales, y a instancias de los movimientos socio
económicos, se dictaron, en algunos países de América Latina, leyes de economía social,
solidaria, popular y comunitaria, que procuran, a veces con desprolijidades técnicas, y en otras
con inconsistencias políticas, desarrollar al sector social de la economía (Honduras y Mejico), o
promover la economía social (Méjico) (
7
), del trabajo (Honduras) (
8
), popular (Venezuela y Ecuador) y
solidaria (Ecuador) (
9
). O denominar como economía solidaria, a un régimen regulatorio de
organizaciones “emergentes” e históricas a partir de la doctrina cooperativa. (
10)

(
5
) Las Constituciones de Venezuela (1999), Ecuador (2008), y Bolivia (2009), son una clara expresión, cada una en su tipo de
“Constitucionalismo Popular” y ubican el desarrollo cooperativo en el marco conceptual de un proceso transformador:
Bolivia Art. 334 , 335 ,405,406. El estado fomentará: Organizaciones económicas campesinas y las asociaciones como alternativas
solidarias y recíprocas…” Las cooperativas de servicios públicos serán organizaciones de interés colectivo, …” “El estado apoyara a
las organizaciones de economía comunitaria.. “El desarrollo rural integral sustentable..priorizará ..el fomento de ..los
emprendimientos económicos comunitarios..”, El estado promoverá …las cooperativas…y las empresas comunitarias
agropecuarias”. Disp Trans. El estado reconoce y respeta los derechos preconstituidos de las sociedades cooperativas mineras, por
su carácter productivo social.
Ecuador Art. 308/9/11. “…La economía popular y solidaria incluirá a los sectores cooperativista, asociativos y comunitarios”. “Las
actividades financieras son un servicio público…. que se compone de los sectores público, privado y del popular y solidario. Con
normas y entidades de control específicas y diferenciadas. La ley de Economía social y Solidaria de Ecuador (2011) se propone
fomentar y fortalecer” a quienes participan de esta forma de hacer economía, en relación con los demás sectores de la economía y
del estado, potenciando sus prácticas en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y en sus “unidades económicas.
(
6
) Fomento a “la creación de cooperativas: Paraguay, (art 113 de la Constitución de 1992), Costa Rica (1949) y a su funcionamiento
(Guatemala 1985 art. 77), de las asociaciones cooperativas” (El Salvador Art. 388). Estímulo y adecuado tratamiento al
Cooperativismo y a otras formas de Asociativismo y preferencia en el ámbito agropecuario. Brasil (1988), Manda a la norma
tributaria proporcionarle un “adecuado tratamiento a las sociedades cooperativas” (art. 146 inc. III. C). Dispone el apoyo legal y el
“estímulo al cooperativismo y a otras formas de asociativismo” (Art. 174 inc.2), le otorga preferencia a esta forma empresaria social
en la actividad agropecuaria y minera (art. 174, 182), y difiere la organización en legislación complementaria de las cooperativas de
crédito (Art. 192). Pero una norma ejemplar, de este texto constitucional que luego se va a reflejar en su legislación cooperativa es
el art. 5.18 que “veda la interferencia estatal” y establece que no es necesaria “la autorización estatal para su constitución y
funcionamiento”. Cabe resaltar sin embargo que en el Cono Sur, con excepción de Brasil y Paraguay la temática cooperativa luce
ausente en los textos constitucionales.
(
7
) En el siglo XXI Mejico tal como lo había hecho Honduras vuelve a referenciar el concepto de Sector Social de la Economía en
su “Ley de la Economía Social y Solidaria”. (23.5.12), y define laxamente a quienes lo integran mediante reenvío al art. 25 del texto
constitucional, que hace referencia a “los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que
pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, todas las formas de organización social para la
producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios”.
(
8
) En la década del 80 del siglo XX se dicta la ley “24.820 del Sector Social de la Economía, en Honduras (enero de 1986).El
“Sector Social de la Economía” está integrado por “empresas y organizaciones formadas por trabajadores, que sostienen la primacía
del trabajo, optan por la propiedad social de los medios de producción. Se integra por: “Asociaciones cooperativas”, “empresas
asociativas de campesinos”, “empresas cooperativas agroindustriales “y en general por “empresas constituidas exclusivamente por
trabajadores.
(
9
) Del 2008 es el Decreto – Ley Venezolano para el “Fomento y Desarrollo de la Economía Popular”. Que referencia un “modelo
socio-productivo comunitario y sus formas de organización popular, basadas en relaciones de producción solidarias.
Las denominadas “organizaciones socio-productivas” como unidades comunitarias con autonomía e independencia en su gestión,
orientadas a la satisfacción de necesidades de sus miembros y de la comunidad en general, Y comprende a las “Empresas de
Propiedad Social Directa o Comunal, Empresas de Propiedad Social Indirecta (el estado detenta la propiedad), Empresas de
Producción Social, Empresas de Distribución Social, (calificadas por la reinversión social de sus excedentes, con igualdad
sustantiva entre sus integrantes) Empresas de Autogestión, Unidad Productiva Familiar, Grupos de Intercambio Solidario, y a los
Grupos de Trueque Comunitario.
La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.” del Ecuador (10.5.11). La
norma ecuatoriana define a la “economía social y solidaria” como una forma de “organización económica”, donde sus integrantes
“individual o colectivamente” organizan y desarrollan los procesos económicos, para “satisfacer necesidades y generar ingresos” en
relaciones de “solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad,
orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital”. No establece
una “tipología jurídica porque regula formas de organización económica y comprende a los tipos inherentes a la economía social
fundacional, a aquellos que ha engendrado la economía solidaria, pero también a ese universo de la “economía popular” informal.
(
10) De la década del 90 es la ley 454 “Ley de Economía Solidaria» de Colombia que define a la “ Economía Solidaria” como “al
sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas
identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del
ser humano como sujeto, actor y fin de la economía”., y en una enumeración no taxativa incluye a cooperativas, u otras formas
asociativas y solidarias de propiedad, instituciones auxiliares de la Economía solidaria, las empresas comunitarias, las empresas
solidarias de salud, las precooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutualistas, las empresas de servicios en las
formas de administraciones públicas cooperativas, las empresas asociativas de trabajo. 3. El movimiento Socio Económico Cooperativo

Las cooperativas nacieron, a partir de aquellas prácticas que anidaban en el origen
social de la humanidad, conjuntamente con las Mutuales y los Sindicatos como reacción a los
excesos que exhibió el capitalismo industrial en sus albores.(
11) Son hijas de las necesidades del
pueblo.
En el siglo XX la acumulación solidaria que conformó considerables patrimonios
cooperativos en todo el mundo, e importantes avances en el modelo de empresa gestora de su
objeto social, multiplicó el número, las dimensiones y las actividades que desplegaban, para
satisfacer crecientes necesidades. En este proceso se incorporaron capas medias y medias altas
de la ciudad y el campo. Empleados, profesionales, PYMES, campesinos y propietarios rurales,
que no formaban parte de la base social originaria de estas organizaciones.
A fines del siglo pasado y en las primeras décadas del siglo XXI, la
manifestación global del neoliberalismo financiero, tensionó desde “el mercado”, y desde el
“sentido común” “normalizado”, del individualismo competitivo y egoísta, a las empresas
solidarias y al tipo jurídico cooperativo.
América Latina y Europa reaccionaron, a partir de condiciones históricas diferentes
de vida y de desarrollo en su población y en su economía, a partir de nuevas y heterogéneas
manifestaciones de “solidaridad, reciprocidad y don” (Karl Polanyi 2011) que desde el estado y sus
políticas públicas, o desde las comunidades y la sociedad, organizaron en el ámbito más amplio
de la “economía social, solidaria y comunitaria”, la satisfacción de urgentes necesidades
generadas por la excluyente “sociedad neoliberal financiarizada” y sus crisis depredadoras.
En el hemisferio norte, ante la emergencia, con una realidad por ahora menos
heterogénea, las denominadas “cooperativas y empresas sociales”, que en contraste con las
“cooperativas de mercado”, priorizaron una naturaleza no lucrativa y un interés social que las
distinguía de las empresas de capital.
Y en Latinoamérica, a ese “cooperativismo histórico o fundacional”, que tiene
muchas coincidencias con el “cooperativismo de mercado” europeo, se sumaron experiencias de
todo tipo, que procuraban con urgencia reproducir la vida, sin sujetarse muchas veces a moldes
jurídicos que no las contenían. La academia comenzó el tránsito desde la “Economía Social” y
las “Non profite Organitation” a la “Economía Social y Solidaria”
Estas actividades económicas y organizaciones, a las que se incorporaron los
excluidos por la “socio economía” hegemónica que encontraron apoyo en las políticas sociales
de combate a la pobreza y al desempleo y en una porción de los intelectuales que buscaban
nuevos caminos alternativos para la transformación social, hundieron sus raíces en la praxis
ancestral de sus pueblos, o utilizaron la rica doctrina cooperativa, o fueron conducidos a
utilizarla, sin contar siempre con tipos jurídicos adecuados a esta emergente realidad.
En este marco multiforme, las “cooperativas históricas o fundacionales” y sus
integrantes, en muchos casos, anclaron su problemática en muchos casos, en la sostenibilidad
de la empresa, o en una reproducción ritual de los símbolos, los principios y los valores de la
cooperación.
El movimiento Cooperativo Internacional y la Organización Internacional del
Trabajo, procuraron sostener y afirmar su identidad, adecuando esos principios y valores a los
cambios que mostraba la realidad, y a aquello que es inherente a las cooperativas, y que las
distingue de otras formas de organización empresaria, justificando y sustentando su existencia
a través de los años.
Esa identidad, esos valores y esos principios, en todas las empresas que integran el
amplio espectro de la Economía Social y Solidaria, se ven hoy amenazados en algunos casos

(
11) Bibliogafía en la historia económica y en la comprensión de la realidad latinoamericana y para comprender que la cooperación
es una práctica social: Karl Polanyi (2011), Michael Tomasello (2010), José Carlos Mariategui (1928), Alvaro Alvarez Linera
(2010 y 2012).
Bibliografía para los orígenes del Movimiento Cooperativo desde el derecho: (Althaus Alfredo Alberto 2007:10) “La tensión entre
su inspiración esencialmente socialista y el medio que lo vio nacer, organizado sobre bases antitéticas” (Cracogna Dante. 1990)“Dar
respuesta a los graves problemas económicos y sociales que surgieron con el advenimiento de la revolución industrial”. (Gadea
Enrique 2008).“Como reacción de las clases trabajadoras frente a los excesos del sistema capitalista propio de la época” por contradicciones que provienen del mercado como expresión de la “socio economía”
dominante, y en otros del estado, que condiciona su apoyo y fomento, a una subordinación
incompatible con su autonomía.
Las políticas públicas en América Latina procuran la recuperación de la función
estatal y su utilización para incidir en el mercado promoviendo el desarrollo y el combate a la
pobreza y el desempleo, y esas mismas políticas (atrapadas por la dicotomía estado / mercados) entienden a
la economía social y solidaria en general, y a las cooperativas en particular, como instrumentos
de políticas laborales o sociales, con formatos de “transferencias condicionadas” para lo que
utilizan en oportunidades la forma cooperativa. En esta perspectiva quedan atadas a la
coyuntura, sin plantearse, la transformación económica y social que la distribución “ex ante” (
12)
que generan estas entidades hace posible, priorizando la distribución “ex post”.
Estas políticas, que en términos generales son políticas sociales y no
macroeconómicas, mantienen inalterable el sistema socio económico generador de inadmisibles
desigualdades, y abierta la posibilidad de que un retroceso desande los logros obtenidos. Por lo
que para la sostenibilidad del modelo contra hegemónico, la política latinoamericana se ve
enfrentada a un “desafío fundamental para los próximos años, que es, como conectar dos ideas
que en principio son difíciles de combinar desde el estado: “El principio de autonomía” y el
“principio de la hegemonía”, sin advertir que insistir exclusivamente en el momento de la
hegemonía negando el momento de la autonomía es pecar de un “hiper – politicismo” que niega
a los movimientos sociales en su autonomía”. (Ernesto Laclau 2013: 13). Cuando ese equilibrio
desaparece, con el se esfuma la posibilidad de transformar democráticamente a la sociedad.
La relación con las cooperativas, con las mutuales y con las demás organizaciones
de la economía social y solidaria, y su futuro constituyen un desafío no menor, en esta
contradicción básica de las sociedades que sin plantearse el anticapitalismo, reivindican rasgos
contra – hegemónicos.
No menor es la contradicción que engendran tanto en los estados y sus políticas,
como en las cooperativas, los mercados “opacos”, “oligopolizados” y “financiarizados”,
globales y locales, que tienen dueños que imponen reglas de competición que descartan como
costos superfluos la reproducción de la vida y de la biósfera, en su carrera por la “satisfacción
inmediata” (Kenneth Galbrhait) de la acumulación del poder y de la riqueza.
Inmersas en estas contradicciones en las que navega el cooperativismo en las
políticas públicas, (de las que espera en América Latina promoción y fomento) y en el mercado, que reclama
concentración y acumulación, la empresa que gestiona la actividad económica de la cooperativa,
y de las demás formas de actividad económica alternativas, propone además sus propias
contradicciones, cuando entran en tensa relación, con las prácticas democráticas, y la
participación de la asociación de personas que definen su especificidad, o cuando asume como
empresa la lógica del “individualismo egoísta y competitivo”.

4. Su expresión jurídica en la legislación cooperativa.

La legislación cooperativa latinoamericana expresa una clara tendencia a afirmar
los principios “rochdalianos”, conforme los ha definido en su declaración de identidad y de
principios la ACI, ratificados por la recomendación 193 de la OIT en algunos casos, y en una
enumeración específica adecuada por cada país en otros. (
13).

(
12) Para el concepto ver Zamagni Stéfano. “Economía Civil” .Ed. Prometeo. Bononiae libris. Buenos Aires. 2007.
(
13) Ley Marco: (Art. 4) Principios enumerados por la ACI y refrendados por la Recomendación 193 de la OIT Caracteres (Art.5).
Ley Argentina de Cooperativas 20.337. (Art. 2) Concepto y Caracteres. La ley de Asociaciones Cooperativas de Costa Rica (1982)
en su Art. 3 La ley de Sociedades Cooperativas de Méjico (art. 6) La ley de sociedades Cooperativas Brasilera 5764/71, adopta
también el criterio de conceptualizarlas a través de los caracteres que explicita en su art.4. La Ley General de Cooperativas de
Bolivia, 353/13 (Art. 6) incluye además de los principios consagrados por la ACI otros que expresan las especificidades del proceso
que vive ese país y Latinoamérica: 1. Solidaridad. 2. Igualdad.3. Reciprocidad. 4. Equidad en la Distribución. 5. Finalidad Social. 6.
No Lucro de Sus Asociados. También lo hace la norma Venezolana, que tras enumerar los principios y valores conforme la
declaración de la ACI añade que “Las cooperativas se guían también por los principios y criterios de las experiencias y los procesos
comunitarios solidarios que son parte de nuestra cultura y recogen la tradición solidaria ancestral que ha conformado nuestro
pueblo”. (art.4) Estas organizaciones se diferencian, desde el punto de vista jurídico, de las
sociedades de capital, en esta parte del mundo, a partir del concepto del “acto cooperativo”, lo
que les permite distinguir actividades coperativizadas o mutualizadas, de aquellas que
corresponden al intercambio de mercado (
14), y su diferenciación respecto de las sociedades de
capital protegiendo su identidad.
Buena parte de esta legislación está siendo en este momento objeto de tratamiento
para su reforma. Colombia discute otro texto (
15), al igual que Brasil (
16) y Méjico, entre otros. Y
los temas vinculados con la relación de las cooperativas con los mercados globales constituyen
buena parte del eje del debate que se da en torno a esas reformas legales, que guardan relación
con la sostenibilidad económica de la cooperativa, con su dimensión, y con el acceso a la
inversiones de capital y de recursos financieros.
En ley reciente, de Uruguay y en la norma Mejicana, se introdujeron disposiciones
que admiten, con algunas restricciones, la incorporación de inversores no asociados. En la
primera, se privilegia su participación en los excedentes, e incluye con limitaciones su
participación en la gobernanza y la gestión de las entidades. También en el mismo sentido la
legislación Chilena contempla el espacio que corresponde en la gobernanza a los asociados no
usuarios. (
17)

(
14) Con una definición del acto cooperativo restringida a las operaciones con sus asociados, y de las cooperativas entre sí (Ley
Marco: recientemente aprobada por el Parlatino, Art. 7). Idem Ley Colombiana 79/88 (Art. 7). La Ley Brasilera 5764 (16.12.61)
sostiene idéntico criterio y establece expresamente que no implica una “operación de mercado, ni una compraventa” (Art.79).
Tambien es ejemplar la nueva ley Peruana de Acto Cooperativo, 29.683: Los actos cooperativos son inherentes a la naturaleza de
estas organizaciones, y los define como “los que realizan internamente entre las cooperativas y sus socios en cumplimiento de su
objeto social” (art. 1) y en los dos artículos siguientes las “inafecta” del impuesto a las ventas y a las rentas. La ley Argentina
20.337 (2.5.73) amplia considerablemente el concepto, con criterio que es objeto de debate, porque considera a la operatoria con
terceros, como actos cooperativos, en tanto se realicen en cumplimiento del objeto social (art. 4). La norma de Sociedades
Cooperativas Mejicana (3.8.94) (Art. 5) conforme texto ordenado vigente a partir del 2001 considera “actos cooperativos los
relativos a la organización y funcionamiento interno de las sociedades cooperativas”. La ley de Bolivia (marzo del 2013) (Art.9)
avanza en caracterizar al acto cooperativo “por ser voluntario, equitativo, igualitario, complementario, recíproco, no lucrativo y
solidario” y comprende a los realizados por “1. La cooperativa con sus asociadas y asociados.2. Entre sus asociadas y asociados.3.
Las cooperativas entre sí”.
(
15) Belisario Guarin, daba cuenta tempranamente y con una clara perspectiva acerca del tenor de la reforma reclamada, “del hecho
que en Colombia se han podido desarrollar empresas cooperativas en diversos campos de la actividad económica, la apertura y la
internacionalización de la economía dejan al descubierto la debilidad estructural y económica del movimiento cooperativo y las
limitaciones que tienen las empresas para competir en el mercado y para poder desarrollar acciones económicas y sociales de
importancia en beneficio de los sectores populares razón por la cual se hace necesario profundizar en torno a los modelos
organizativos, nacionales e internacionales que debe adoptar el cooperativismo para dinamizarse y mantenerse en este marco tan
exigente, estableciéndose en la ley las posibilidades para ello y creándose nuevas figuras jurídicas para superar las dificultades de las
empresas cooperativas y evitar la quiebra económica de las mismas, a la vez que permitir la formación de cooperativas
multinacionales o consorcios cooperativos formados a partir de empresas solidarias de diversos países”.
Belisario Guarin. “Situación y diagnóstico de la legislación cooperativa colombiana”. En “Situación Actual de las Leyes
Cooperativas en América Latina”. Copform. OIT. ACI. 1999:59.
(
16) Las innovaciones de la reforma son especialmente pertinentes en el marco de la capitalización de la cooperativas: Certificados
de aportaciones de capital, participación selectiva de asociados y no asociados en determinados proyectos de inversión, que no
generan derechos inherentes a los asociados.
Guilherme Krueger. “O estado atual da legislacao cooperativa e a regencia legal das cooperativas no Brasil”. En Régimen legal de
las Cooperativas en el Mercosur”. 2ª ed. 2005: 56. Editorial Intercoop. Buenos Aires.
(
17) la ley uruguaya (Ley 18.047) congruente con su decisión de atraer inversores no asociados, organiza a las denominadas
“Cooperativas Mixtas”, que incluyen a socios minoritarios “cuyo derecho de voto se podrá determinar en función del capital
aportado” representado por certificados documentos o títulos “libremente negociables en el mercado” y establece la previsión de que
si la autoridad de contralor lo permite, podrá establecerse una “previsión estatutaria de repartibilidad del “fondo de reserva
obligatorio”, respecto de esta porción del capital. En el art. 70 le asigna el primer lugar en el orden de prelaciones para la
distribución de excedentes a los “intereses” de “los instrumentos de capitalización”, aún antes de recomponer pérdidas de ejercicios
anteriores. La norma establece que “al menos el 51% de los votos se atribuirá a los socios cooperativistas”. Las cooperativas de
vivienda y de ahorro y crédito no podrán adoptar la forma cooperativa mixta.En las cooperativas mixtas existe un grupo de socios
minoritarios (hasta un 49% como máximo) cuyo derecho a voto en la asamblea general y su participación en las utilidades
dependerá del capital aportado. Esas acciones con voto son libremente negociables en el mercado y los derechos y obligaciones de
sus titulares se regularán por el estatuto y por las normas que reglamentan a las sociedades anónimas.
Diego Moreno. El nuevo régimen legal de las Cooperativas en Uruguay. www.aidcmess.com.ar Archivos con trabajos de
Asociados.
La ley mejicana según el texto de 1994, además de preveer mecanismos para que los socios capitalicen a la cooperativa, abre las
puertas para el ingreso de “capital de riesgo” o de “riesgos compartidos” (art. 63) aportado por inversores en condiciones, plazos e
intereses que lo hagan “atractivo para facilitar la captación de estos capitales”. El capital de riesgo que capte la cooperativa debe ser
colocado a plazo determinado y destinado a “la construcción de una planta” u otros “bienes de activo fijo”, o “de consumo durable”.
Las inversiones de “riesgos compartidos” se promovieron en Méjico, a partir de la amplitud prevista en el art. 8, como
“asociaciones en participación” o “joint ventures” como mecanismo alternativo para atraer a inversores.
La ley chilena (texto 2004, art 24) dispone la obligatoriedad de que al menos el “60%” de los integrantes del Consejo sean elegidos
por los socios usuarios de la cooperativa, tras contemplar la posibilidad de que los estatutos confieran a las personas jurídicas que
participen de ellas derecho a designar un determinado número de miembros En el proceso de mercantilización y asimilación a las sociedades mercantiles, al
que los mercados globales, y la propia confusión que la gestión empresaria competitiva
introduce en los cuadros de dirección, administración y gestión de las cooperativas, la admisión
de la transformación heterogénea de las cooperativas en entidades de otra naturaleza no es
aceptada hasta ahora, por la mayoría de las leyes latinoamericanas.
La legislación Chilena lo hace e incluso caracteriza a este trascendental
trastocamiento de la naturaleza de la entidad, como una reforma estatutaria, lo que constituye
una anomalía en el derecho comparado (
18).
El legislador Uruguayo consciente del paso que representa la transformación de la
cooperativa, la prohíbe en el art. 11, pero de seguido abre la puerta, para el supuesto excepcional
de que “la auditoría interna de la nación, e INACOOP, atendiendo a las circunstancias
económicas y financieras de la cooperativa de que se trate, indiquen que constituye la única
alternativa viable para mantener la continuidad de la unidad productiva y los puestos de
trabajo”. Por su parte la ley especial de Asociaciones Cooperativas de Venezuela (2001) en el art.
75 exige mayorías especiales (75%) para operar la transformación de la Cooperativa, pero tras
cartón (Arts. 76/7) entiende que esa decisión es causal de disolución y liquidación de la entidad (
19)
en concordancia con la norma mejicana.
La práctica política y social determinará si la constitución de las denominadas
“empresas mixtas” en la reciente legislación boliviana, puede generar desnaturalizaciones, que
impidan el desarrollo autónomo de la forma cooperativa, lo que esta expresamente vedado por
el art 79 de una manera absolutamente concluyente, o por el contrario van constituir una vía
para valiosos “partenariados” con el estado (
20). En la legislación Ecuatoriana la Cooperativa
puede transformarse en cualquier otra entidad de la Economía Social y Solidaria. (Art. 13 del Decreto
Reglamentario)
La realidad de buena parte de la praxis y la legislación cooperativa europea refleja
claramente, que “el alineamiento del marco legal cooperativo en relación al marco legal de las
entidades de capital ha ayudado a muchas cooperativas a ser más competitivas”. Este es un dato
que no debe ser desechado, y de hecho constituye un norte para buena parte del movimiento
cooperativo latinoamericano.
Pero la irracional asimilación que parte de razonamientos propios del
“pensamiento único” neoliberal, constituye un salto al vacío. La búsqueda de inversores de
capital intentando un equilibrio, para no entregar el control de la cooperativa a quienes
concurren a ella con el propósito de obtener el mayor beneficio y seguridades posibles, tornan a
estas “acciones de inversión o de no usuarios”, no apetecibles, “per se”, en el mercado.
Así lo enseña la experiencia en aquellos países que han introducido hace ya
mucho tiempo al inversor con fines lucrativos en el tipo cooperativo.“Dabormida ha observado
en Italia que el instrumento del socio “inversor” se ha revelado eficaz todas las veces en que las
organizaciones cooperativas de grado superior han buscado, en la sociedad, favorecer el

(
18) La ley Marco prohíbe lisa y llanamente su transformación. (Art. 13), Idem Ley Argentina 20.337 (art. 6), Idem Ley
Colombiana (art. 6 inc. 5) . La ley de Bolivia (art.79) veda la fusión o absorción con organizaciones económicas no cooperativas. La
Ley Mejicana establece que para constituirse en otro tipo de sociedad “deberán disolverse y liquidarse previamente” (Art.67). Por el
contrario la Ley Chilena admite expresamente (Art.46) su “ transformación en otro tipo de sociedad”, a condición de que lo resuelva
la Junta General de la Cooperativa, a la que define como una “reforma estatutaria.
(
19) Alberto García Muller, ( La legislación sobre cooperativas en Venezuela. En régimen Legal de las Cooperativas en los países del
Mercosur. 2005:342, Edit. Intercoop Bs.As.) entiende que el art. 71 “no limita, restringe ni condiciona la conversión en otras formas
jurídicas, con o sin fines de lucro (71.4) por lo que no hay una adecuada salvaguarda de los recursos colectivos acumulados, de los
beneficios y preferencias públicas obtenidas y de las exenciones fiscales otorgadas”
20
Constitución de Bolivia: Art. 306. II. “La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria,
estatal, privada y social cooperativa IV. Las formas de organización económica reconocidas en esta Constitución podrán constituir
empresas mixtas..Artículo 351. I. El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización,
transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las
que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas. III. En la gestión y administración podrán
establecerse entidades mixtas, con representación estatal y de la sociedad, y se precautelará el bienestar colectivo. Y la nóbel
legislación establece: Artículo 80. (Empresas Mixtas y Emprendimientos Asociativos). La Cooperativa, como organización
económica de la economía plural, podrá previa aprobación de la Asamblea General Extraordinaria, conformar empresas mixtas y
emprendimientos asociativos, conforme los Artículos 306, 351 y 356 de la Constitución Política del Estado, desarrollo de iniciativas empresariales; y por el contrario ha sido del todo ineficaz al canalizar
ahorro privado no cooperativo” (
21).
La asimilación a la sociedad anónima que se endereza a proporcionar lucro a
quienes en ella invierten, no tiene buen pronóstico en el mediano y largo plazo. En el
transformismo se desdibuja la “causa fin asociativa” de manera irreversible, y frente a ataques
frontales del mercado o de las políticas públicas, las cooperativas quedan inertes y sin raíces.
Sin su base social son tan volátiles, como lo son las corporaciones anónimas.
Sólo el control, y con él, la apropiación del patrimonio común, acumulado a veces
por generaciones, puede ser apetecible y posible para los especuladores lucrativos, o para el
“free-rider” en entidades debilitadas por la falta de participación de los asociados, y
desarraigadas de la comunidad. Para estos casos son “útiles” estas reformas porque estimulan a
los actores financieros del mercado a invertir y dirigir “pseudos cooperativas”.
La irracionalidad “competitiva” no es la razón de ser de las cooperativas, “aunque
su sustentabilidad sea un aspecto esencial, y muy por el contrario sobran razones que impiden
considerar esta alternativa como inexorable y mucho menos como deseable”. (Haagen Henry 2007:
7a13). Un debate que simplemente reproduce instituciones introduciéndolas en el tipo genérico y
sin tener en cuenta que medidas reales pueden promover las ventajas comparativas de las
Cooperativas, conspira contra su sostenibilidad, las desprende de su raíces y le niega al derecho
cooperativo la posibilidad de reverdecer y desarrollarse, mirando al futuro.
“Es dable advertir un notable tendencia hacia la identificación de las cooperativas
con las sociedades comerciales, de alguna manera impulsada por el art. 48 del Tratado de Roma
que las asimila. De esa manera viene a negarse la singularidad cooperativa como forma jurídica
de organización económica diferente.
Ese desconocimiento de la realidad propia de la cooperativa, viene a dar por tierra
el progreso realizado por la legislación cooperativa a lo largo de mas de un siglo y medio”. (Dante
Cracogna 2011: 180) (
22)
Cuando el marco legal de las cooperativas se mueve tan cerca del marco legal de
las entidades de capital, desaparecen sus ventajas comparativas (
23), pero además carece de
sustento el reclamo de un trato específico, en relación al derecho laboral, impositivo y de la
competencia, y para rechazar “la aplicación de estándares” globales soft, “financieros y
contables”, en un subcontinente en el que las medidas de asimilación se plantean paralelamente
a aquellas que reclaman el mantenimiento y el incremento en las medidas de discriminación
positiva en la legislación y en las políticas públicas.
Con la asimilación desaparece no sólo su función transformadora del tejido social y
económico, sino que además se quedan sin identidad jurídica.

5. La relación del Derecho Cooperativo con la Economía Social, Solidaria y Comunitaria.

Las tendencias que conducen al derecho Cooperativo a un “automatismo formal” o
a una asimilación al derecho societario, se revelan absolutamente insuficientes, porque no se
corresponden con su origen y su naturaleza, ni proporcionan marco jurídico a requerimientos de
la realidad latinoamericana, que exhibe una riqueza en la generación de prácticas comunitarias,
de ayuda mutua, de cooperación, de reciprocidad y solidaridad que interpelan y reclaman
legitimación (
24).
En esta sociedad la relación entre el derecho y el poder se hace mucho mas
estrecha, y dentro del sector o el sistema cooperativo, las grandes empresas cooperativas que

(
21) Renato Dabormida. “La piccola Societá Cooperativa. Il Fattore dimensionale tra crescita della impresa cooperativa e
informazione del socio. Boletin de la Asocición Internacional de Derecho Cooperativo. 1999:32, citado por Alberto García Muller
en Instituciones de Derecho Cooperativo, Mutual y Solidario. Tomo I. Ed. Universidad Cooperativa de Colombia. 2009.
(
22) Dante Cracogna. “La legislación cooperativa en el siglo XXI. “. En Revista Cooperación y Desarrollo Nro. 100.Bogotá. 2011.
(
23) “La diferencia en una cooperativa está dada por la cercanía y multi dimensionalidad de las relaciones entre los socios: Estos son
clientes y al mismo tiempo propietarios, parte de la estructura de gobernanza, así como el foco de operación. La relación con los
socios es lo que hace la diferencia cooperativa: Es la fuente de posibilidades distintivas.”.Dicho en términos de economía de
mercado, “La confianza disminuye los costos de contratación, monitoreo y agencia”. Brett Fairbairn. “Tres conceptos estratégicos
para la orientación de cooperativas. Vínculos, transparencia y cognición”. Ed. U.B.A. – FCE CESOT. Documento 48.(2005)
(
24) El gran debe de esta ley es la ausencia de disposiciones al menos básicas sobre el fenómeno de la economía solidaria, dice
Diego Moreno, haciendo referencia a la nueva ley de cooperativas del Uruguay. detentan una cuota de poder relativamente más importante, que el que ponen de manifiesto las
pequeñas cooperativas y las organizaciones de la economía social y solidaria, en la
conformación del derecho cooperativo, ostentan muchísima mayor influencia, y por ello el eje
de los debates se ubica en torno a algunas “instituciones jurídicas”, en procura de favorecer su
competitividad económica, y en América Latina también alrededor de las compensaciones
impositivas y fiscales.
Estos tópicos, que es justo y necesario sean puestos de relieve, han opacado e
invisivilizado el análisis de la perspectiva que se abre para el derecho cooperativo, a partir de
las especificidades que reclama la incorporación de la praxis, y de la rica conceptualización de
la «economía social, solidaria, popular y comunitaria,» que terminan siendo introducidas casi
exclusivamente por las políticas publicas para el sector, con las contradicciones que ya fueron
puestas de relieve.
El anclaje en las raíces remotas del derecho cooperativo, no es el que impide su
vitalidad frondosa, muy por el contrario, le proporcionan adecuado sustento “identitario”.
Tampoco constituye un óbice la sistemática jurídica de nuestros países.
Las “normas fundamentales”, del “constitucionalismo popular” y los “derechos –
necesidades económicos, sociales y culturales” que en el mismo se consagran; la recuperación
del concepto jurídico de la “igualdad sustancial”, (en contraste con la igualdad formal que consolida las
desigualdades); la admisión de plurales formas de manifestarse el derecho de propiedad (universal,
pública, comunitaria, cooperativa, éjidos, ayillus, etc,); y la afirmación de normas sociales imperativas que
impiden que la selva de los mercados las devore (con fundamento en una exacerbación de la autonomía de la
voluntad), abren paso al derecho inalienable a reproducir la vida que conlleva la consagración y el
ejercicio efectivo y participativo, de los derechos humanos.
En ese marco en algunos países se dictaron leyes que regulan a la “economía
social, popular, comunitaria y solidaria”, y otros están trabajando para hacerlo.
Una estrecha relación entre la praxis económica asociativa de la Economía Social
(Hagen Henry 2000 25), Solidaria y Comunitaria y su expresión normativa principal: La Legislación
Cooperativa, es imprescindible e insoslayable. Se trata de una relación compleja pero necesaria.
Es la nave insignia del género que la comprende, y en su interacción se fortalecen y
se enriquecen recíprocamente, conforme lo sostiene García Muller (2011) (
26)
En Colombia la Ley 454 de 1998 de “economía solidaria”, conforme lo puntualiza
Antonio Sarmiento Reyes (2013) (
27), modifica sustancialmente a la ley de cooperativas, que
“continúa vigente” siendo la primera “norma general” y la segunda “ley especial”.
La “Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria” de Ecuador, reconoce
expresamente la organización de la producción en la economía, y la propiedad “cooperativa”
(Arts. 319 y 321), regula al Sector Cooperativo y “al acto económico solidario como una ampliación
o reformulación del acto cooperativo”, concepto que en opinión de Naranjo (2011) “conforma el
alma del proyecto normativo” (
28).
La inserción en la praxis y en la perspectiva de la sistemática jurídica
latinoamericana le plantea al derecho cooperativo la exigencia de responder y contener a una
realidad que con una mano le reclama reformas que coadyuven para proporcionarle

(
25) “El Cooperativismo no puede seguir viviendo aislado del resto de los movimientos sociales. fundamentalmente, aquellos que
forman parte del Sector de Economía Social”.
Hagen Henry. Cuadernos de Legislación Cooperativa. OIT. Ginebra. Mayo del año 2000.
(
26) “El derecho solidario podría entenderse como un desarrollo mas amplio o una sumatoria, compendio o extensión de los derechos
que regulan los subsectores cooperativo y mutual”.
Alberto Garcia Muller. “Tendencias recienes y desafíos del derecho solidario. 2011”. En “Reformas legislativas en el Derecho
Social y Solidario Iberoamericano”. Ed. Divina Pastora. Valencia España.
(
27) “Al entrar en vigencia la nueva ley de la economía solidaria, esto es, desde el 6 de agosto de 1998, ha surgido el interrogante a
cerca de cuál es en la actualidad ese marco legal aplicable a las cooperativas, pues la Ley 454 de 1998 trae nuevas disposiciones no
contempladas en la Ley 79 de 1988, así como otras que entran en abierta contradicción con los preceptos de esta última o que por lo
menos los modifican parcialmente”.
Antonio José Sarmiento Reyes. “Marco Legal vigente aplicable a las cooperativas en el derecho colombiano”.
http://www.google.com.ar/#bav=on.2,or.r_qf.&fp=691cc75c3a416541&q=MARCO+LEGAL+VIGENTE+APLICABLE+A+LAS+
COOPERATIVAS+EN+EL+DERECHO+COLOMBIANO . Y Ponencia presentada ante el I “Encuentro Europa – América de
derecho Cooperativo” que se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Javeriana” los días 9/10/7/13.
28
Carlos Naranjo Mena. “La Ley de Economía Popular y Solidaria de Ecuador”. En “Tendencias recienes y desafíos del derecho
solidario. 2011”. En “Reformas legislativas en el Derecho Social y Solidario Iberoamericano”. Ed. Divina Pastora. Valencia España. sustentabilidad económica para sus empresas sin desnaturalizarlas, (siendo ésta una preocupación que
comprende tanto a las cooperativas históricas, como a aquellas “emergentes”) y con la otra le exige ampliar sus
fronteras, y flexibilizar cuestiones formales que no tienen ninguna relación con las esencias de
la cooperación, para contener a aquellos emprendimientos de la economía social, solidaria y
comunitaria, que recuperan el espíritu emprendedor e innovador de los “pioneros” para
promover la “reproducción ampliada de la vida”, y las diferencia de aquellas que formalmente
cumplen con todos los recaudos que actualmente se disponen genéricamente. (
29).
Es muy interesante al respecto la ley nueva ley cooperativa de Bolivia, que no
renuncia a la riqueza que la doctrina cooperativa ha acumulado desde sus orígenes, pero la
fusiona, en un primer paso, con las especificidades de su “constitucionalismo popular” que
engendra un “estado plurinacional” y modifica el concepto de “sector” inherente a la “economía
social histórica o fundacional” por el de “sistema cooperativo” que debe funcionar en el marco
de un “modelo económico plural” y para ello se propone diferenciarlas nítidamente de “otras
organizaciones económicas de carácter lucrativo, para asegurarse que no adopten la forma
cooperativa, sólo para favorecerse de las ventajas y privilegios que el estado les otorga”
(Exposición de Motivos).
En su texto, además de los principios consagrados por la ACI, reivindica para las
cooperativas como “fronstipicio” conceptual la: Solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en
la distribución, finalidad social y no lucro de sus asociados (Art. 4. Principios Cooperativos); define el
concepto de propiedad colectiva (arts.7, 38/9); reclama la participación directa del asociado (arts 37);
pone límites a la reelección de los consejeros (Art.59); propicia la integración cooperativa y para
ello regula cinco niveles hasta arribar a la confederación nacional propiciando su participación
en los proyectos de desarrollo. (Cap.VIII) y establece un minucioso mecanismo para la
implementación de políticas de fomento, facilitando la relación con la actividad económica del
estado, y estableciendo especificidad cuando reúnen “a grupos minoritarios de vulnerabilidad
social” o por personas con “capacidades diferentes” (Título III). Prevé como concepto la
“recuperación de empresas” y compromete el apoyo del estado sin avanzar en sus
especificidades, pero crea un Consejo Consultivo Permanente.

5. Algunas instituciones del derecho cooperativo para generar el debate

El derecho cooperativo preocupado casi exclusivamente por la sustentabilidad
económica de las empresas de la “economía social histórica o fundacional”, no ha generalizado
en muchas legislaciones latinoamericanas las formas y las instituciones que le permitan
contener, a partir de la riqueza de sus orígenes, y de su identidad, en el tipo cooperativo, a las
nuevas manifestaciones alternativas y eventualmente transformadoras de la “reciprocidad”, la
“solidaridad”, el “don”, la “ayuda mutua” y la “cooperación”.
Su regulación debe proponer normas sencillas y liminares para construir un
entramado troncal que asegure su identidad e inserción sistemática, y simultáneamente asegurar,
que aquellas realidades que requieren tratamiento particularizado lo tengan en ese marco. Debe
ser un instrumento fundamental para satisfacer las necesidades de aquellos que son desiguales
en la sociedad y en el mercado (
30).
En la regulación genérica para las cooperativas debe admitirse específicamente el
objeto múltiple (
31), que resuelve muchas problemáticas locales de manera muy adecuada, sin
perjuicio de su tratamiento diferenciado en la legislación que particulariza los diferentes tipos
cooperativos.

(
29) El censo del 2012, del Sistema Nacional de Información de la Secretaría de Economía Solidaria en Brasil, aun no concluido, da
cuenta de que sobre 21.589 emprendimientos de Economía Solidaria en ese país, sólo 2.115 adoptaron el tipo cooperativo, en
contraste con 11.326 que utilizan inadecuadamente para una actividad empresaria la “asociación”.
30
La nueva legislación Uruguaya establece las “cooperativas sociales” “con el fin de lograr la inserción social y laboral de jefes y
jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas” y “todo grupo en situación de extrema
vulnerabilidad social” (art. 172/4/5) proporcionando un tipo adecuado para resolver problemas de incapacidad legal. Estas
cooperativas son exoneradas de todo tributo nacional y de aportes a la seguridad social y al fondo de salud (Art. 178).
(
31) La legislación colombiana en materia cooperativa, prevé que las actividades de estas organizaciones socio económicas podrán
ser “especializadas, multiactivas e integrales” (Ley 79/88 art. 61;). La novísima norma boliviana, en el art 23 incluye también a
estas últimas. La incorporación al “derecho cooperativo”, o al derecho del “sector cooperativo”, o
del derecho que regula al “sistema cooperativo” de quienes procuran a través de
emprendimientos económicos recuperar o modificar su inserción en la producción, distribución
o consumo de bienes y servicios, cooperando, es un horizonte imperativo.
Las Cooperativas desarrolladas e instaladas en el mercado, requieren en
Latinoamérica de tratamiento diferenciado para hacerse cargo de necesidades que ni el estado,
ni el mercado resuelven, y porque internalizan cotidianamente costos que las sociedades de
capital externalizan. De sus dificultades para financiarse, y de su fomento y promoción la norma
debe hacerse cargo. Son desiguales en el mercado competitivo y su actividad con fundamento
en el interés y el bienestar general debe compensar esas desigualdades.
Dentro del Sector Cooperativo o del Sistema Cooperativo la ley debe diferenciar
aún en mayor medida, para darle un trato especificado a las organizaciones social y
políticamente emergentes de la depredación y la crisis socio económica, la exclusión y la
“invisibilización”, que generó el “neo colonialismo” y la globalización neoliberal capitalista,
que transitan en oportunidades, el arduo y costoso camino que va desde la informalidad a una
formalidad que debe ser simplificada, (despojada de rituales y costos burocráticos) y desde la “asistencia
social” a la sustentabilidad autogestiva (
32). El trato igual a quienes no lo son, multiplica la
desigualdad.
Las experiencias legislativas son búsquedas que nacen y se insertan en realidades
y en marcos políticos muchas veces diferentes, y en tanto aseguremos un eje sólido perdurable
que confiera seguridad jurídica, tenemos necesidad de construir una fronda que persiga las
necesidades de la realidad, que reuerirá modificaciones y cambios para consolidar una praxis
que es muy valiosa, pero que se encuentra en permanente transformación y que no debe ser
idealizada.
Un primer aspecto, es el que tiene que ver con la autorización y control de las
cooperativas, y requiere avanzar en sistemas de registración de las cooperativas en contraste con
aquellos que ponen en manos del estado una genérica facultad para “autorizar” su constitución,
y funcionamiento, facilitando el desarrollo del movimiento, y preservando la autonomía de las
cooperativas. Los mecanismos de supervisión y contralor delegados en las organizaciones de
grado superior, en los casos en los que la madurez y organización del movimiento la hace
posible, es sumamente valiosa en este mismo sentido.
Todo ello sin perjuicio de preveer que algunas actividades requieran inscripción
para su ejercicio en otros registros, y de generar eficaces y diferenciados mecanismos de
contralor que impidan su desnaturalización o el uso fraudulento de la figura, y simultáneamente
simplificar los mecanismos de registración simplificados fundamentalmente para las
organizaciones “emergentes”(
33).
Es fundamental para promover la cooperación en sectores que se incorporan para
gestionar microempresas económicas (técnicas, profesionales, de trabajadores, etc) la regulación de la
figura de las “Cooperativas Simplificadas” prevista entre otras con un notable éxito, por la
legislación autonómica andaluza (Ley 14/2011) (
34), y por la reforma a la ley de Cooperativas

(
32) La Ley Marco tuvo una marcada influencia en las leyes que se sancionaron con posterioridad, tales como la ley de Cooperativa
de Paraguay, Puerto Rico, México, Panamá y Venezuela, en las cuales se pone el acento en la agilización del procedimiento de
constitución de las entidades cooperativas, la disminución de la ingerencia estatal, el aumento del autocontrol, la flexibilización del
acto cooperativo como forma típica de la operatoria cooperativa, diferente del acto de comercio.
Cracogna Dante. La Legislación Cooperativa en el Mundo de Hoy. Seminario de Legislación Cooperativa en Uruguay. 22 de
Noviembre de 2001.- Citado por Graciela Victorin y O. “Analisis de la ley 20.337 a la luz del Proyecto de Ley Marco para América
Latina.
(
33) La ley Brasileña de cooperativas (5764/71, con sus reformas posteriores) sometida a escrutinio desde hace varios años para su
modificación, en virtud de la reforma resultante de la Constitución del 88 (art. 5º. 18), que establece un mecanismo de control de
legalidad y autorización ficta (Art 18), al que Ferraz califica como “ régimen de registro sin requerimiento de autorización para el
funcionamiento de la cooperativa (Ferraz, Costa y Ressureicao: 2011:185), y la norma Colombiana (79/88) que con similar criterio
dispone que la autoridad de aplicación, “reconocerá” la personería jurídica, presentado que le fuera el acuerdo constitutivo
cooperativo, y le otorga un plazo de 60 días para expedirse, bajo apercibimiento de reconocimiento ficto (arts. 13 y 16), constituyen
experiencias legislativas a tener en cuenta.
(
34) En la legislación autonómica Andaluza se han introducido valiosas innovaciones en la legislación cooperativa (Ley 14/2011).
Asume uno de los conceptos centrales de las denominadas “cooperativas simplificadas”, porque admite que se constituyan por al
menos “tres personas”, y lógicamente su gobernanza y recaudos formales se adecuan a su especificidad (art.10) lo que ya había
permitido un importante desarrollo del trabajo asociado de noveles profesionales, técnicos, artesanos o trabajadores agrupados para
determinadas tareas en esa región española. Sociales Italiana, que las denomina “pequeñas cooperativas” (
35) sub tipo que ya estaba incluso,
sin que suscitara controversias en este aspecto, en los polémicos Proyectos de ley de
Cooperativas de la Argentina del año 94 y en el de Cooperativas Agrarias del 99. (Art 26) (
36).
En el mismo camino y en un segundo escalón, la ya arraigada en otros continentes
figura de las “precooperativas”, que reivindica Münker estimando “ que la ley cooperativa
debería crear un marco jurídico no sólo para las empresas cooperativas, sino también para las
clases más sencillas de actividades económicas colectivas, que pueden llegar o no a convertirse
en cooperativas”(
37).
Esta figura jurídica permitiría que el movimiento cooperativo asumiera en un
intercambio de saberes, un rol importante en el desarrollo de grupos de cooperación y de micro –
emprendimientos autogestionarios que hoy son sustentados sólo por políticas sociales.
La especificidad de la “autogestión” en la “recuperación de empresas” (
38), y en las
formas del asociativismo económico solidario, expresada en la “economía social y solidaria”, en
la “popular”, y también en sus vertientes “comunitarias”, no sólo que no son incompatibles
con el tipo jurídico cooperativo sin confundirse con él, sino que proponen particularidades que
lo enriquecen sustancialmente y abren nuevos horizontes.
La participación directa o indirecta de los distintos niveles del estado, en la
generación de servicios públicos o de empleos, independientemente de la opinión
particularizada que ideológicamente se tenga de la misma, requiere tratamiento en la normativa
cooperativa (
39).
Las diversas actividades económicas que llevan adelante las cooperativas para
realizar su objeto social y su causa fin asociativa, determinan la necesidad imperiosa de
regularlas particularizando el tratamiento de aquellos aspectos en los que la praxis ha puesto de
manifiesto que la norma puede contribuir a su desarrollo (
40) o impedir una distorsión. Y en esa
legislación debe distinguirse inexorablemente lo que es diferente (
41).

(
35) La ley Nº 381 del 8.11.91 que regula el funcionamiento de las “Cooperativas Sociales” en Italia, proporciona un importante
instrumento, que ofrece múltiples especificidades: Tienen por objeto “el interés de la comunidad, la promoción humana y la
integración social, para la gestión de servicios socio sanitarios o para la inserción laboral de personas desfavorecidas” (art.1). Este
régimen fue optimizado con el dictado de la ley 266, de 1997, que incorporó a las “pequeñas cooperativas”, que pueden
constituirse con un mínimo de tres asociados.
(
36) “El proyecto se hace cargo de la existencia de pequeñas cooperativas con reducido número de asociados y limitado volumen de
operaciones para las cuales resultan excesivos los requisitos comunes en cuanto a libros contables y composición de los órganos
sociales. Para ellas se prevé un régimen simplificado de contabilidad y menores exigencias en la integración de sus órganos.
Cracogna Dante. “Perspectivas de las Reformas a la ley de Cooperativas. A 25 años de su sanción.¨” En “ Situación actual de las
leyes en América Latina”. Ed. Coopreform. OIT. – ACI. 1999: 30
(
37) Munkner Hans H. “La Reglamentación Legal de la Pre-Cooperativa: un aporte a la reglamentación de formas de organización
precooperativas en países en desarrollo”. 2ª. Ed. Fundación Ebert-Stiftung 1983. Citado por García Muller Alberto. En
Instituciones de Derecho Cooperativo, Mutual y Solidario. Ed. UCC. Tomo I. 2009 pag. 76.
Recogiendo este criterio, la ley Colombiana en el título II, Capítulo III, incluye en el “sector cooperativo” a las “precooperativas”
a las que conceptualiza como “los grupos que, bajo la orientación y con el concurso de una entidad promotora, se organicen para
realizar actividades permitidas a las cooperativas y, que por carecer de capacidad económica, educativa, administrativa, o técnica, no
es ente en posibilidad inmediata de organizarse como cooperativas”. Que “deberán evolucionar hacia cooperativas, en un término de
cinco años”. (art. 124 a 129).
(
38) En ley Uruguaya la regulación de las cooperativas de trabajo recoge la “praxis” de la “recuperación de empresas” a través de la
autogestión cooperativa de los propios trabajadores de una empresa “en proceso liquidatorio“ (art. 104) otorgándoles “prioridad a
los efectos de la adjudicación de la empresa como unidad” y disponiendo el “pago al contado y por adelantado de los importes del
subsidio por desempleo que les correspondiere a los trabajadores socios, siempre que los mismos sean destinados, en su totalidad,
como aportación de partes sociales a la cooperativa a efectos de su capitalización”. En estos supuestos se establece también que los
socios de la cooperativa en Asamblea y con mayorías especiales pueden solicitar la suspensión temporaria de los laudos vigentes
(art.105).
La legislación Argentina en torno a la recuperación de empresas no se expresa en la ley de cooperativas, sino en la reforma que la
ley 26.684 (junio 2011) introdujo en la ley de quiebras (24.522), que produce modificaciones profundas, porque intenta preservar la
empresa que comienza a ser autogestionada por sus trabajadores, en un sistema concursal retrógrado y “liquidativo”. Esta norma fue
precedida por un “activismo judicial” democrático que se hizo eco de la repercusión que tuvo esta práctica de los trabajadores.
(
39) Con resultados diversos, la Legislación Colombiana regula las las “administraciones públicas cooperativas” (art. 130). La ley
Argentina 20.337 admite expresamente esa participación en los términos del art. 19, y de hecho ha sido admitida la constitución de
una cooperativa de municipios y comunas.
(
40) Normas novedosas y de avanzada, que consolidan una importante praxis de los movimientos sociales de recuperación de
empresas en la Argentina, tampoco están contenidas en la ley de cooperativas, pero inciden positivamente en el sector, son las que
instrumentan políticas sociales que favorecen a las cooperativas emergentes. Las más significativas son la ley del Monotributo
Social (2004), la ley de Promoción del Microcrédito (2006) y la Ley de Marcas Colectivas (2008).
(
41) En la Ley Uruguaya las cooperativas de vivienda de “usuarios” adjudicatarios no propietarios que autogestionan su
administración, (art. 119); que no admiten ningún tipo de práctica especulativa y los excedentes conforman un patrimonio común
que no se distribuye, es consecuencia de una ley específica anterior y viene precedida de una praxis extraordinaria. La ley Es importante que aparte de la legislación general, se establezca normativa
específica, atendiendo a la praxis y a las necesidades de cada país, para las cooperativas de
trabajo (y dentro de ellas los distintos subtipos – fundamentalmente las que establecen mecanismos que aseguran la autogestión y
la participación, las recuperadas y las generadas como consecuencia de políticas sociales), las agropecuarias ( y dentro de
ellas los diversos subtipos que dan tratamiento específico a las que afrontan el agro “business”, a las pequeñas cooperativas
agropecuarias, y a las cooperativas de campesinos, a las que limitan su actividad a la comercialización, de aquellas que tienen por
objeto la producción) , a las de vivienda , (incluyendo los subtipos que avancen en la definición de las actividades posteriores
a la construcción, y con diferentes regímenes que atiendan a la subsistencia de la propiedad cooperativa o a la adjudicación de
propiedad individual de las unidades), a las prestadoras de servicios públicos (con especificaciones inherentes a la
variedad de objetos y al relacionamiento con las distintas manifestaciones del estado), a las de crédito (distinguiendo a las que
tienen por objeto la actividad bancaria, de aquellas que aun con cuentas a la vista no tienen operatoria universal, las que operan con
terceros y las que no lo hacen, las que operan con capital y las que tienen dimensiones locales regionales y nacionales).
En la temática de la integración, la normativa cooperativa debe avanzar en
promover la conformación de redes y proporcionar los instrumentos jurídicos específicos para
su desarrollo, y simultáneamente conformar el marco adecuado para trascender la integración
política o representativa, promoviendo la integración parcial de servicios o de actividades
productivas o logísticas, para facilitar la escala requerida, sin afectar el funcionamiento
democrático, sin burocratizarla. (
42).
El funcionamiento democrático de la cooperativa requiere de asegurar la
participación del asociado (
43) y de profundas raíces en la comunidad. Las normas legales
deben enderezarse a valorar y a consolidar ambas cuestiones.

Colombiana con una practica que no es igualmente relevante establece la distinción entre Las cooperativas de vivienda (art.77 a 80),
que pueden organizarse asumiendo la cooperativa en “propiedad cooperativa” los inmuebles y sus accedidos,
Merece especial referencia la distinción que hace la legislación chilena, entre las “cooperativas agrícolas” y las de “campesinos y
pequeños productores agrícolas”, no por su regulación (art. 66 – Ley 18.910 art. 13) sino por esta categorización que es
imprescindible, y sin embargo no se reitera legislativamente, en la realidad latinoamericana. El fenómeno del “agro bussnees”
reclama diferenciar claramente la realidad de unas y otras, para darles un tratamiento diverso a cooperativas que actúan en
condiciones socioeconómicas absolutamente diferentes.
La ley de Cooperativas de Costa Rica de 1982 (6756) organiza a las “Cooperativas Autogestionarias o de Trabajo Asociado”, que
son descriptas por Roxana Sanchez, “Es considerado como un modelo donde la propiedad social es colectiva y indivisible. Producto
de la influencia de las ideas yugoslavas y como respuesta al desarrollo, en el campo agrario de las empresas comunitarias
campesinas, se da una legislación cooperativa como una incrustación que lleva a grandes desigualdades: los socios no pueden tener
otros bienes fuera de la cooperativa, caso de tenerlos deben entregarlos a ésta; -los socios deben contribuir en un 45% de sus
ganancias a diferentes reservas creadas por ley; los cooperativistas no pueden trabajar en otra cooperativa porque deben dar
exclusividad a su organización, las cooperativas están sujetas a un ente denominado Comisión permanente de cooperativas de
autogestión, que dicta políticas y vigila su desarrollo; Ante esa normativa, más la experiencia de las personas en ese modelo han
propuesto una reforma a la ley cooperativa que ofrezca relaciones igualitarias y equitativas y coherentes con el modelo cooperativo
nacional e Internacional”,
Roxana Sanchez. “Perspectivas del derecho cooperativo costarricense”. En “Situación actual de las leyes en América Latina”. Ed.
Coopreform. OIT. – ACI. 1999: 74.
Esta autora no coincide, ni con el concepto que respecto a la igualdad sustancial referimos en este artículo ni con el relevante valor
que les atribuye a las Cooperativas Autogestionarias , no sin cuestionar cuestiones vinculadas con su instrumentación que les restan
sustentabilidad. Quien sostiene “que estas cooperativas son utilizadas para evitar la desaparición de empresas medianas y pequeñas
y oponerse al mismo tiempo a la concentración de la propiedad y la centralización de capitales”.
Flory Fernandez, en Las Cooperativas de Autogestión en Costa Rica. Publicada en la Revista de Ciencias sociales. 73/4, diciembre
del 96. http://www.revistacienciassociales.ucr.ac.cr/las-cooperativas-de-autogestion-en-costa-rica/
Y por INFOCOOP, “Cooperativa Autogestionarias un modelo para emprendedores”.
http://www.infocoop.go.cr/perfiles/cooperativistas/Autogestion/cooperativismo_autogestionario.pdf
En el estudio que hacen sobre la situación y la posición del Sector Cooperativo en Costa Rica, Gerardo de Cardenas y Alberto Mora,
en afirman que “existe un residuo negativo en las cooperativas de consumo y crédito por la irrupción de grandes firmas y bancos
transnacionales. Otras, como las de vivienda decayeron por falta de pago de los usuarios debido a la crisis mundial que involucró al
banco cooperativo en la década de los años noventa. Sin embargo, existe la confianza y la credibilidad sobre el modelo cooperativo,
que se mantiene incólume, en especial las cooperativas autogestionarias”.
Gerardo de Cardenas y Alberto Mora en “El Cooperativismo en América Latina. Una diversidad de Contribuciones al desarrollo
sostenible”. OIT Oficina Regional América Latina. ACI. Rodrigo Mogrovejo, Alberto Mora y Philippe Vanhuynegem (eds.)1ª.
Edición 2012. La Paz OIT Oficina de la OIT para los países andinos. ISBN: 978-92-2-326393-ISBN
42
Ley de Bolivia. Artículo 82. (Integración de Servicios). Con el propósito de potenciar las actividades de las federaciones se
promoverá la integración de los servicios esenciales: comercialización, mantenimiento, seguridad social, desarrollo tecnológico y
otros, mediante la creación de centrales de servicios especializados. Artículo 85. Las centrales funcionarán como cooperativas y
tendrán las atribuciones que a continuación se enumeran de manera indicativa y no limitativa:1. Servir de nexo entre las
cooperativas asociadas y representación ante las instituciones públicas y privadas. 2. Organizar fondos de crédito rotatorio. 3.
Organizar y dotar servicios comunes para las cooperativas. 4. Producir o vender artículos para las cooperativas afiliadas. 5.
Organizar servicios de almacenamiento y venta en común de bienes y servicios producidos. 6. Promover la producción,
transformación, industrialización y comercialización con base en estudios de viabilidad económica y social
43
La nueva ley uruguaya recogiendo el antecedente de la ley 15.645 establece al regular las cooperativas agrarias “la posibilidad de
establecer la obligación por parte de los socios del envío total o parcial de su producción a la cooperativa…”.
Diego Moreno. Trab. Cit. Pag. 10. Es esencial analizar en el derecho cooperativo, la maraña que se teje en las normas
de naturaleza administrativas o impositivas (
44) que constituyen muchas veces la punta de lanza
de políticas públicas que se ordenan en el sentido que impone la lógica de los mercados
desregulados y el “sentido común” impuesto por la “normalización del pensamiento único”, es
necesario que la norma cooperativa asegure su vigencia imperativa.
Concluimos en que el derecho cooperativo no engendra su praxis, y no debemos
caer en la tentación de suponer que institutos que son teóricamente progresivos, por el hecho de
serlo generan una realidad coincidente. La ley es sólo una de las tantas manifestaciones de la
correlación de fuerzas en una sociedad, es un campo de batalla en el que compiten el pasado y
una utopía de un mundo mejor, mas humano.
La ley y su naturaleza coactiva impuesta por el poder del estado, es sólo una de las
tantas normas y mecanismos que ejercen la violencia física o moral emergente del contrato
social, y contribuyen a normalizar los comportamientos de la gente y de sus organizaciones
socio económicas, pero es el lugar en el que los profesionales del derecho, que reivindicamos
las conductas solidarias, de reciprocidad, ayuda mutua, e incluso “don redistributivo”, los
principios y los valores cooperativos, contribuimos a evitar que sea la “hegemónica” y
darwiniana ley de la selva traducida en una competencia salvaje: El “contrato social”.
Para que la “reproducción ampliada del capital” no sea el eje excluyente en una
sociedad que reclama asegurar la “reproducción ampliada de la vida”, es necesario avanzar en
repensar el derecho cooperativo desde perspectivas plurales.

44
Comentando la ley Chilena el art. 2 de la ley General de Cooperativas de Chile que afirma que las cooperativas pueden tener por
objeto cualquier actividad económica, Rubio Estay Afirma que no obstante, leyes dictadas con posterioridad impiden que bajo la
forma jurídica de cooperativa se puedan desempeñar diversas actividades cooperativas, como las bancarias y financieras, la
administración de fondos mutuos y de pensiones, seguros generales y de vida, distribución y suministro de agua potable, cuando el
número de arranques supera los 500, etc., privilegiando en todos estos casos el tipo jurídico sociedad anónima abierta.
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